En medio de una fuerte reorganización administrativa tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. La iniciativa busca modificar de raíz la actual Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793), redefiniendo los criterios de otorgamiento y reforzando los mecanismos de control estatal.
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El proyecto ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo espera consolidar una mayoría más ágil que en Diputados. La estrategia se asemeja a la utilizada con el financiamiento universitario: proponer una nueva normativa que reemplace a la actual —cuya aplicación plena ha sido exigida por la Justicia— para ganar margen de maniobra fiscal y administrativa.
Los ejes centrales de la reforma
La propuesta oficial se basa en el retorno a un modelo de asistencia previo a la declaración de la emergencia, limitando la "universalidad" de la ayuda para centrarse en un criterio estrictamente médico y socioeconómico de invalidez laboral.
1. Reempadronamiento y Fiscalización Se establece la obligatoriedad de un reempadronamiento total de los beneficiarios. Quienes no acrediten nuevamente su condición médica y antecedentes laborales sufrirán la suspensión automática del beneficio. Para ello, se autoriza un cruce masivo de datos entre:
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ANSES (Seguridad Social).
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ARCA (ex AFIP - Ingresos Públicos).
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SINTyS (Identificación nacional tributaria y social).
2. Montos y Actualización El valor de la pensión no contributiva se fija en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Si bien se prevé una actualización por IPC para prestadores y el ajuste trimestral de aranceles, el proyecto elimina los adicionales que el Ejecutivo podía otorgar por zona geográfica desfavorable o invalidez laboral específica.
Restricciones al empleo y la inclusión
Uno de los puntos más polémicos de la norma es el endurecimiento de las condiciones para que las personas con discapacidad (PCD) se integren al mercado laboral formal.
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Incompatibilidad absoluta: El proyecto elimina la posibilidad de que una PCD mantenga su pensión si accede a un trabajo registrado. Esto marca una ruptura con las políticas de transición que buscaban fomentar el empleo formal sin que el beneficiario perdiera su red de seguridad estatal.
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Eliminación de incentivos empresariales: Se suprimen los incisos que promovían programas de reconocimiento y beneficios para empresas que contrataran personas con discapacidad, lo que podría desincentivar la inserción laboral en el sector privado.
Desregulación del sistema de prestaciones
La reforma también impacta en el financiamiento y la calidad de los servicios de salud y rehabilitación:
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Fin del Nomenclador Único: Al autorizar convenios individuales entre Nación y provincias, se virtualmente elimina el nomenclador que fijaba aranceles homogéneos para todo el país.
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Negociación libre: El sistema quedaría desregulado, permitiendo que cada obra social o prepaga negocie las prestaciones de forma independiente, lo que genera incertidumbre sobre el "piso mínimo de calidad" que hoy garantiza la emergencia.
El proyecto deroga artículos clave (5, 8, 9, 14 y 20) de la ley actual, lo que según especialistas retrotrae la protección de derechos a un estado previo a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la materia. Se espera una fuerte resistencia en los bloques legislativos que el año pasado impulsaron la emergencia, así como una creciente judicialización por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
