El Gobierno nacional volvió a avanzar con su plan de reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), una iniciativa que ya había quedado envuelta en polémica y que incluso fue frenada por la Justicia.
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La medida quedó formalizada a través del Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El objetivo oficial es retomar los cambios que el Ejecutivo había impulsado originalmente con el Decreto 196/2025, publicado el año pasado.
VTV: el Gobierno avanza con una reforma cuestionada por el sector
La iniciativa había quedado en suspenso luego de que cámaras vinculadas a talleres de revisión técnica presentaran reclamos judiciales.
El caso terminó en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3, donde el juez Santiago Carrillo dictó una medida cautelar que condicionó el avance de la reforma.
Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la publicación del nuevo decreto permitiría ahora retomar el proceso.
En un mensaje publicado en la red social X, el funcionario aseguró que la reforma apunta a modificar un trámite que, según sostuvo, es “fuente inagotable de quejas por parte de los argentinos”.
Què cambios propone el Gobierno en la VTV
Uno de los cambios principales que plantea el Gobierno es modificar la periodicidad de la verificación para los vehículos particulares.
De acuerdo con el esquema propuesto, la primera revisión se realizaría a los cinco años desde el patentamiento.
Luego se haría cada dos años entre los cinco y los diez años de antigüedad del vehículo, mientras que los autos con más de diez años continuarían con la revisión anual.
Otro punto clave del proyecto es permitir que cualquier taller o concesionaria que cuente con el equipamiento necesario pueda realizar la verificación técnica, algo que hasta ahora estaba limitado a centros habilitados específicamente para ese control.
Desde el Gobierno aseguran que esta medida busca ampliar la oferta de lugares donde realizar la VTV y generar mayor competencia dentro del sistema.
Pero, lo que se sabe es que el proyecto ya había generado resistencia dentro del sector, donde distintos actores advirtieron sobre el impacto que podría tener en el esquema actual.
Además, la reforma también propone eliminar el llamado Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite que se exigía cuando un vehículo realizaba modificaciones técnicas y que implicaba un costo adicional para los propietarios.
De todos modos, desde el propio Gobierno reconocen que los cambios no entrarán en vigencia de inmediato. Para implementar el nuevo esquema será necesario habilitar talleres, certificar equipamiento técnico y adaptar los sistemas de control y fiscalización.
Por ese motivo, el Ejecutivo anticipó que el proceso de aplicación será gradual y dependerá también de la decisión de cada provincia, ya que las jurisdicciones pueden optar por adherir o no a los cambios establecidos en la normativa nacional.
