El Gobierno Nacional promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero resolvió suspender su implementación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La medida, plasmada en el Decreto 681/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; de su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de ministro de Salud de la Nación, se dio a conocer luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei a la ley en el sector. Además, esto surge en medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
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En el decreto se advirtió que el presupuesto vigente "no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación" y que, incluso reasignando todas las partidas de los tres poderes del Estado, los fondos resultarían "igualmente insuficientes", por lo que solo un aumento del presupuesto aprobado por el Congreso podría garantizar la sostenibilidad de la medida.
En esa línea, repasa que "la implementación de la Ley N° 27.793 demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $3.019.508.900.000, equivalente a 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI)".
"En virtud de lo hasta aquí dispuesto, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la Ley N° 27.793 la que, sin embargo, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé", concluye el texto.
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Ley de emergencia en Discapacidad: de qué se trata
La emergencia en discapacidad fue aprobada por el Congreso hasta el 31 de diciembre del 2026 y contempla la actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023 a la fecha.
La oficina de Presupuesto del Congreso estimó que esta ley, que contempla una actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad, tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.
Un punto clave de esta iniciativa es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, además de que se deberán saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Indec.
