El cruce judicial entre Javier Milei y la familia de Ian Moche sumó este viernes un nuevo capítulo.
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El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, aceptó el recurso de apelación presentado por la defensa del joven y abrió la puerta para que la Cámara Federal revise el caso.
Ahora el Presidente tendrá 48 horas para contestar la presentación y después el expediente pasará al tribunal de alzada.
El mismo será el encargado de definir si los posteos en redes sociales del mandatario deben leerse como comentarios personales o como parte de su rol institucional.
La discusión empezó a principios de junio, cuando Milei compartió en X una foto de Ian —un adolescente con autismo conocido por su militancia en campañas de concientización— junto a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.
El posteo se dio en medio de una crítica al periodista Paulino Rodrígues y generó mucho rechazo en la familia del chico, que entendió que se lo estaba usando políticamente sin su consentimiento.
El abogado Andrés Gil Domínguez, que representa a Ian y a su madre de forma gratuita, cuestionó el primer fallo de Recondo que había favorecido a Milei.
Según su mirada, la resolución es contradictoria: si el juez considera que el Presidente tuitea como “ciudadano común”, entonces no tendría sentido que intervenga la Justicia federal.
Pero al mismo tiempo aceptó la competencia porque se trata del jefe de Estado.
Para la querella, ese detalle es clave: la cuenta de Milei en X tiene tilde gris, la verificación que se entrega a organismos y funcionarios de gobierno.
Por eso sostienen que no se lo puede separar de su investidura ni tratar sus publicaciones como simples opiniones personales.
En su primer fallo, Recondo había descartado que el posteo constituyera una ofensa directa a Ian.
Según el juez, no hubo un ataque a la honra ni se violó el principio del interés superior del niño.
Incluso sostuvo que la discapacidad del joven no fue objeto de burla o discriminación en el mensaje presidencial.
La familia no lo ve así. En la apelación remarcaron que la sentencia “le da una impunidad alarmante” al Presidente y desconoció que la libertad de expresión de un funcionario tiene límites distintos a la de un ciudadano cualquiera.
