La justicia federal dio un paso decisivo en la investigación sobre una red de corrupción enquistada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fiscal Franco Picardi solicitó el llamado a indagatoria de 27 personas, entre los que destacan exfuncionarios de alta jerarquía y empresarios proveedores, acusados de orquestar un perjuicio económico al Estado de $75.478.149.019.
Te puede interesar
La causa, que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, apunta contra el exdirector de la entidad, Diego Spagnuolo, junto a Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini y el médico Pablo Atchabahian, como figuras centrales de una estructura dedicada al direccionamiento de contratos y el cobro de sobreprecios en insumos médicos de alta complejidad.
El SIIPFIS: La llave del sistema al servicio del fraude
El dictamen fiscal reconstruye una maniobra sistemática ejecutada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El núcleo del ilícito fue la manipulación del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), una herramienta digital crítica para la gestión de salud.
La fiscalía sostiene que los funcionarios habrían entregado claves de usuario oficiales a representantes de empresas privadas. Este acceso privilegiado permitió a las firmas:
-
Gestionar y autorizar directamente sus propias prestaciones.
-
Conocer de antemano las fechas de las compulsas de precios.
-
Bloquear la competencia y garantizar la adjudicación de contratos millonarios a un grupo selecto de proveedores.
Impacto social: Fondos desviados de "Incluir Salud"
La gravedad institucional del caso radica en el destino de los fondos malversados. El dinero pertenecía al programa federal "Incluir Salud", diseñado para brindar cobertura sanitaria a pensionados no contributivos y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad extrema.
El desvío de estos más de $75.000 millones afectó directamente la entrega de insumos básicos y la operatividad de las prestaciones médicas para quienes carecen de cualquier otra asistencia, dejando al descubierto el costo humano de la trama de sobreprecios.
Empresarios y familias bajo la lupa judicial
Además de los exfuncionarios, la citación de Picardi alcanza a directivos de más de 30 firmas comerciales. Entre los nuevos imputados se encuentran miembros de las familias Sagués y Bernat, así como los empresarios Emilio César Olguin, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami y los hermanos Guido y Oscar Alberto Capello.
Los delitos que se les imputan incluyen cohecho activo, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la administración pública. La fiscalía ahora se concentra en rastrear el destino final de los fondos y determinar si existieron retornos sistemáticos hacia los funcionarios involucrados para sostener el entramado durante casi dos años.
