Una investigación interna de la Armada Argentina, presentada ante la Justicia Federal por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, sacó a la luz una red de acreditaciones indebidas de haberes por un total confirmado de $981.148.567,88.
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La maniobra, que se extendió entre julio de 2022 y enero de 2026 a través de 645 transferencias irregulares, involucra por el momento a 23 personas —entre uniformados, civiles y particulares ajenos a la institución—, aunque fuentes de la causa estiman que los investigados podrían elevarse a 50 y el perjuicio económico escalar a los $1.500 millones.
La denuncia penal, iniciada por indicación del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y del jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. El expediente se originó en febrero de 2026 tras detectarse inconsistencias en la liquidación de haberes de enero, lo que derivó en una auditoría técnica que cotejó las liquidaciones internas con los lotes de transferencia remitidos al Banco de la Nación Argentina.
Modus operandi: Alteración de lotes bancarios y borrado de huellas
De acuerdo con la presentación judicial, el esquema delictivo operaba en la fase previa al envío de los archivos de pago a la entidad bancaria. Tras superarse los controles habituales sobre las liquidaciones de sueldos, se modificaban manualmente los registros para elevar montos o incorporar beneficiarios sin respaldo legal.
Para ocultar el fraude, una vez generados y enviados los lotes de acreditación al Banco Nación, los datos en el sistema interno (Haberes-Web) eran restituidos a sus valores originales. De este modo, los montos transferidos no coincidían con los recibos de sueldo publicados ni dejaban rastros visibles en las auditorías de rutina.
El rol del principal señalado y la desviación a familiares
El principal acusado en las actuaciones administrativas es el capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, exjefe del Departamento Revista, quien reconoció en el sumario interno haber realizado personalmente la carga manual de los montos para “favorecer económicamente” a los beneficiarios. El 44,25% de los fondos desviados ($434.200.718,04) fue a parar a manos de cuatro personas sin relación funcional con la Armada, cobrados a lo largo de 184 acreditaciones.
Entre las principales receptoras de los fondos figura la esposa de Atanasoff (de apellido Prieto), quien percibió la suma individual más alta de la maniobra, alcanzando los $152.259.495,86 en 46 acreditaciones. Los otros tres particulares recibieron montos de entre $90 millones y $99 millones cada uno. La pesquisa también identificó cobros simultáneos e irregulares por parte de otros oficiales contadores en misiones en el exterior, así como acreditaciones a cónyuges durante licencias sin goce de haberes.
Reintegros parciales y reestructuración del sistema de pagos
Tras el avance de la causa y el relevamiento preventivo de los involucrados, parte del dinero fue devuelto a las arcas públicas. Al momento de formalizarse la denuncia, imputados e implicados habían restituido un total de $42.574.267,63, manteniendo un saldo pendiente de recupero de $938.574.300,25.
A fin de blindar el circuito administrativo, la Armada separó las funciones de liquidación, acreditación bancaria y conciliación de cuentas, al tiempo que resguardó los equipos informáticos utilizados para la transmisión de archivos a los fines de las periciales judiciales.
La denuncia judicial describe un presunto fraude en el sistema de liquidación de sueldos de la Armada, basado en la modificación de archivos antes de su envío al Banco Nación y en la posterior restitución de los registros internos. La investigación deberá determinar el alcance total de las acreditaciones indebidas de haberes y la responsabilidad de cada involucrado.
