Una denuncia penal de gran impacto fue presentada ante la Justicia Federal contra la senadora Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich, y su socio Fernando Goijman, por la presunta comisión de los delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita.
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La acción legal fue presentada por el abogado Gregorio Jorge Dalbon, a raíz de investigaciones periodísticas que habrían expuesto un presunto entramado societario de rápido y millonario crecimiento sin justificación clara de capital inicial.
La denuncia se centra en las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., operadoras de una red de más de 70 bares y locales gastronómicos que habrían alcanzado un valor económico de millones de dólares en un corto período de tiempo. El escrito señala que esta expansión no cuenta con antecedentes públicos de financiamiento bancario relevante o trayectoria empresarial previa que expliquen el crecimiento.
"No existiría una correlación verificable entre los ingresos declarados por las sociedades y el volumen real de operaciones comerciales que implica la explotación simultánea de decenas de locales gastronómicos" afirma Dalbón, basándose en informes de prensa.
Vínculos con Bullrich y signos de evidentes irregularidades
Uno de los puntos más relevantes es el domicilio sospechado de una de las firmas. Se señala que al menos una de las sociedades denunciadas tendría su domicilio legal fijado en una propiedad directamente asociada a la Senadora Nacional, Patricia Bullrich, ubicada en la calle Beruti N° 3822, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un hecho que exige una revisión patrimonial y fiscal exhaustiva.
Además de este vínculo inmobiliario, la denuncia subraya las irregularidades financieras al hacer alusión a la existencia de cheques rechazados por falta de fondos emitidos por algunas de las compañías. Este indicio, según el escrito, "contrasta marcadamente con la supuesta envergadura económica del grupo empresario", levantando sospechas sobre posibles desmanejos o una simulación de solvencia.
Otro factor clave es la supuesta estrategia de atomización societaria. La presentación legal sugiere que la fragmentación del negocio en múltiples sociedades comerciales, creadas presuntamente en períodos cercanos, podría no ser una coincidencia, sino que respondería a una maniobra deliberada. Esta táctica tendría como fin dificultar el control fiscal y patrimonial, disimulando la real magnitud de las operaciones del grupo gastronómico. .
Finalmente, la dimensión del negocio se extiende más allá de las fronteras nacionales. La denuncia apunta a la existencia de operaciones internacionales, con locales comerciales operando en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Esta complejidad transfronteriza incrementa la necesidad de analizar el origen de los capitales invertidos, las eventuales transferencias de fondos y el cumplimiento de obligaciones fiscales y cambiarias en múltiples jurisdicciones.
Qué medidas se solicitaron a la Justicia
Gregorio Dalbon, solicitó al Juez Federal a que se tomen medidas concretas para la investigación, enfocadas en determinar el origen de los fondos, la dimensión económica del grupo y la posible comisión de delitos:
La medida más directa apunta a las sedes societarias: se pidió una Orden de Presentación con Allanamiento en subsidio para el domicilio de Tostado Branding S.A. en la calle Beruti N° 3822, CABA. El objetivo principal de esta acción es incautar toda la documentación —tanto física como digital— relacionada con la constitución, funcionamiento y operatoria económica y financiera de la firma, incluyendo contratos de franquicia, libros contables, balances y registros bancarios. .
Simultáneamente, la denuncia exige una profunda auditoría de los flujos de dinero. Se ha requerido a la Unidad de Información Financiera (UIF) que analice exhaustivamente los movimientos bancarios y económicos de Tostado Franquicia S.A., Tostado Branding S.A., y de los imputados Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman. Este análisis debe enfocarse en rastrear transferencias, depósitos y el origen de los fondos utilizados para la rápida expansión del negocio, buscando detectar operaciones inusuales o relevantes compatibles con lavado de activos, evasión tributaria y el ocultamiento patrimonial.
Adicionalmente, se buscan informes detallados sobre la estructura corporativa y los bienes inmuebles. Se ha solicitado a la Inspección General de Justicia (IGJ) que informe sobre la composición societaria, los estatutos y la nómina de socios y directores de las firmas, prestando especial atención a la existencia de vínculos comerciales o societarios con funcionarios públicos. Finalmente, se instó al Registro de la Propiedad Inmueble y a la Agencia de Recaudación (ARCA) a verificar la titularidad registral y los antecedentes del inmueble de Beruti N° 3822, buscando establecer con claridad la conexión entre dicho bien y las sociedades denunciadas.
Las medidas presentadas, se dan con el objetivo de recolectar la evidencia necesaria para corroborar los hechos denunciados y la calificación legal de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita.
El letrado pidió, además, que se cite a Francisco Langeri Bullrich, Fernando Goijman y Patricia Bullrich a prestar declaración indagatoria una vez avanzada la investigación.
