La expresidenta Cristina Kirchner fue internada este sábado el Sanatorio Otamendi por una molestia abdominal, luego de que los médicos decidieran realizar más estudios tras una visita a su domicilio.
La confirmación llegó en la tarde del sábado a través de sus allegados: "Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio".m"Ella y su familia están tranquilas", aseguraron desde el entorno de la exmandataria.
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"Los cuadros abdominales llevan un tiempo de diagnóstico y evaluación. Por eso está en un centro de complejidad, para poder realizar estudios y análisis que determinen el cuadro y su posterior accionar médico", explicaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense en diálogo con Ámbito.
El equipo médico consideró que necesitaba estudios adicionales y resolvió que la líder justicialista fuera llevada al Sanatorio Otamendi, donde ya fue tratada en diferentes ocasiones.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia avaló la colocación de la tobillera a Cristina Kirchner, a pesar de que sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, habían señalado que la expresidenta, además de ser una figura pública y reconocida, está custodiada por la Policía Federal -al igual que todos los expresidentes- y no existe peligro de fuga.
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Gregorio Dalbón, abogado de la titular del Partido Justicialista (PJ), replicó el comunicado a través de sus redes y agregó que "cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución".
La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.
