Durante años, el crecimiento urbano de Tigre avanzó sin límites claros ni planificación integral. Lejos de responder a una estrategia de desarrollo equilibrado, el distrito se convirtió en un terreno fértil para habilitaciones excepcionales que multiplicaron torres y grandes emprendimientos inmobiliarios en zonas sensibles y corredores estratégicos.
Ruta 27, La Bota, Bancalari–Villanueva, Villa La Ñata y General Pacheco son algunos de los puntos donde se aprobaron proyectos con alturas extraordinarias, sin que existiera un marco urbano que acompañara ese avance en términos de infraestructura, tránsito, servicios públicos y cuidado ambiental. El resultado es un caos urbano que ya se ve y que, en buena medida, ya no puede deshacerse: muchos proyectos aprobados avanzarán y empujan al distrito hacia un límite crítico de circulación, servicios y calidad de vida.
Mientras vecinos y organizaciones reclamaban un nuevo Código Urbano debatido de manera seria y participativa, el Municipio continuó administrando el crecimiento a fuerza de excepciones.
La suspensión de 90 días: una pausa política sin cambio de fondo
Cuando el tema de las torres comenzó a instalarse con fuerza en la agenda pública y en el contexto de la campaña electoral, Julio Zamora anunció una suspensión de habilitaciones por 90 días. El anuncio fue presentado como un gesto de escucha, pero no estuvo acompañado por ninguna discusión estructural ni por el envío de un nuevo Código Urbano al Concejo Deliberante.
Tampoco hubo transparencia sobre el verdadero mapa de proyectos ya aprobados ni sobre el alcance real de las excepciones otorgadas. Pasada la coyuntura electoral, las habilitaciones volvieron a avanzar y el esquema siguió intacto. Para muchos sectores, la suspensión funcionó como un recurso táctico para sacar el tema de la agenda, no como un punto de inflexión para ordenar la ciudad.
El amparo judicial que frenó el esquema y expuso el desorden urbano
El escenario cambió con la presentación de un amparo judicial por parte de Sebastián Rovira, que pidió suspender el avance del esquema de habilitaciones al considerar que el decreto municipal no resolvía el problema de fondo: el desorden urbano, las excepciones sistemáticas y la ausencia de un Código Urbano debatido en serio.
El planteo fue claro: no frenar el crecimiento, sino ordenar Tigre. El fallo judicial modificó el tablero político y administrativo. Por primera vez, el freno fue real y obligó al Municipio a dejar de administrar el conflicto como relato para empezar a tratarlo como una política pública.
La Justicia exigió discutir una salida estructural, con reglas claras, debate público y un marco urbano acorde al caos que ya está instalado en el distrito.
El discurso del “desarrollo” y la jugada del límite de alturas
Frente al fallo, Zamora volvió a instalar el discurso del “crecimiento” y el “desarrollo”, advirtiendo que Tigre no puede frenarse y que no se puede ir “en contra de la construcción”. Sin embargo, el problema central es que el crecimiento nunca estuvo ordenado: fue excepción tras excepción, hasta llevar al distrito a un punto crítico.
En ese contexto aparece la jugada más controvertida: una medida exprés de “límite de alturas”, presentada como una solución al conflicto. Pero lejos de resolver el fondo del problema, la iniciativa es leída por distintos sectores como una posible llave para destrabar nuevamente las torres y retomar las habilitaciones, sin discutir lo que la Justicia puso sobre la mesa: la necesidad de un Código Urbano integral.
Apuro, falta de transparencia y el debate que sigue pendiente
La iniciativa despierta una pregunta inevitable: ¿por qué esta medida aparece ahora, a las apuradas, y no antes, cuando se aprobaron cientos de proyectos bajo el mismo esquema?
A esa incógnita se suman versiones y denuncias vecinales que se repiten desde hace tiempo: posibles funcionarios con departamentos en torres de lujo, excepciones reiteradas siempre a favor del mismo modelo inmobiliario, contradicciones permanentes en el discurso oficial y una llamativa falta de transparencia.
No existe información pública clara sobre cuántos proyectos fueron aprobados, cuáles son, dónde están ubicados, qué impacto tendrán ni qué excepciones los habilitaron. Mientras tanto, el Municipio promete “participación ciudadana” al mismo tiempo que acelera los tiempos de tratamiento y construye una narrativa de urgencia.
Para muchos vecinos, si el objetivo real fuera ordenar Tigre, el primer paso habría sido transparentar el mapa completo de las torres ya aprobadas y abrir un debate profundo y democrático sobre el modelo de ciudad. Todo lo demás, sostienen, parece una nueva vuelta de tuerca para que el negocio inmobiliario siga avanzando.
