¿Cuánto vale la soberanía de un país? Para la Corte Suprema, por lo visto, no lo suficiente como para que un grupo de veteranos de Malvinas pueda defenderla en un tribunal. Esa es la conclusión práctica del fallo que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales. No es una discusión de abogados. Es una discusión sobre quién es dueño de la Argentina.
La pregunta no es retórica. Hoy hay 13,26 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, según el Registro Nacional de Tierras Rurales. Es una superficie más grande que toda la provincia del Chaco. Y desde el 29 de septiembre no existe ninguna norma que impida que esa cifra siga creciendo.
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Lo que el Congreso votó y una firma borró
En 2011, el Congreso sancionó la Ley 26.737. Puso un tope del 15% a la tierra rural en manos extranjeras, en el país, en cada provincia y en cada departamento. Limitó a 1.000 hectáreas por dueño extranjero la compra en la zona núcleo. Y prohibió vender tierras con grandes cuerpos de agua o en zonas de seguridad de frontera. Era una ley de sentido común: lo estratégico no se remata.
En diciembre de 2023, Milei la borró con el artículo 154 del DNU 70/2023. No hubo debate, ni comisión, ni votación. Hubo una firma. El megadecreto salió del equipo de Federico Sturzenegger, el mismo funcionario que en 2001, con De la Rúa, participó del ajuste que terminó como todos sabemos. No es la primera vez que esos nombres aparecen cuando se trata de desarmar lo que es de todos.
Ningún funcionario va a decir “vamos a entregar la tierra”. No hace falta. Alcanza con sacar el límite y dejar que el mercado haga el resto. En los noventa nos dijeron que las privatizaciones iban a traer eficiencia e inversiones. Lo que trajeron fue un país que perdió el control de sus empresas, de sus servicios y de sus recursos. La tierra no tiene marcha atrás: lo que se vende no vuelve.
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Los que pelearon por las islas no pueden defender el suelo
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata fue a la Justicia y ganó. En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación. Pero la Corte de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti revocó ese fallo.
¿Con qué argumento? Que el CECIM no tenía legitimación para reclamar. Que la soberanía “no puede ser considerada un bien colectivo” en los términos de la Constitución. La Corte no dijo que el decreto fuera válido. Dijo algo peor: que los hombres que pusieron el cuerpo en Malvinas no están habilitados para pedir que se discuta.
Cuando llovieron las críticas, el tribunal sacó una aclaración. Dijo que no se había pronunciado sobre la constitucionalidad y habló de “discursos de odio”. Yo no confundo la crítica con el odio. Pero tampoco acepto que un tecnicismo procesal termine produciendo el mismo efecto que una decisión de fondo: la tierra queda sin protección.
Milei lo celebró a su manera: “Lo que decide la Corte es lo que decide la Corte”. Claro. Cuando decide a su favor.
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Los que pelearon por las islas no pueden defender el suelo
El promedio nacional de tierra extranjera es de 4,97%. Parece poco hasta que uno baja al mapa. En Salta es de 11,4%. En Misiones, de 11,29%. En San Juan, de 10,36%. En San Carlos, Salta, llega a 59,82%. En Molinos, en la misma provincia, a 57,79%. Más de la mitad de la tierra rural de esos departamentos ya está en manos extranjeras.
Esos departamentos superaban el tope aun con la ley vigente, porque la norma no era retroactiva. Imaginen lo que puede pasar ahora, sin ningún límite. Agua dulce, minerales, frontera. Todo lo que la ley cuidaba vuelve a estar en la vidriera.
Nadie necesita imaginar demasiado. Lago Escondido ya nos mostró qué significa que un magnate extranjero controle un acceso que debería ser de todos. Esa es la Argentina que el decreto habilita a multiplicar.
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El Gobierno sabe que el tema le queda incómodo. Por eso la Casa Rosada busca separar la tierra del resto del DNU y meterla en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya aprobó el Senado. La idea es simple: que los aliados voten algún límite cosmético y que el resto del megadecreto quede en pie.
No hay que caer en esa trampa. El Senado ya rechazó el DNU 70/2023 en marzo de 2024, por 42 votos contra 25. Falta Diputados. Si esa cámara lo rechaza, el decreto cae entero y la Ley de Tierras vuelve a regir. Esa es la discusión de fondo, no un parche negociado en un despacho.
La oposición pidió una sesión especial para el 15 de octubre, el mismo día de la marcha universitaria. Hacen falta 129 diputados para abrirla. Cada uno de los que falte va a tener que explicar por qué.
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El suelo no es una mercancía
Quienes solo escuchan la voz oficial van a decir que esto atrae inversiones. Que el capital no tiene nacionalidad. Que la tierra vale más produciendo que protegida. Ya escuchamos ese libreto. Lo escuchamos con YPF, con los trenes, con Aerolíneas. Y sabemos cómo terminó.
La tierra no es un activo financiero que se compra y se vende según el humor del mercado. Es el agua que tomamos, la comida que producimos y la frontera que nos define como país. Una ley votada por el Congreso la protegió durante doce años. Una firma la borró. Un tecnicismo lo convalidó.
El 15 de octubre, Diputados tiene la oportunidad de corregirlo. Preguntémosle a cada diputado cómo va a votar. Porque cuando se vende la tierra, no se vende un campo. Se vende un pedazo de la Argentina.
