El conflicto entre el Gobierno nacional y Tierra del Fuego por el control del Puerto de Ushuaia tuvo este jueves su primer revés judicial para la provincia.
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El Juzgado Federal fueguino rechazó el pedido de una medida cautelar urgente que buscaba frenar la intervención dispuesta por el Ejecutivo nacional.
La presentación había sido realizada por el gobierno provincial luego de que Nación resolviera avanzar sobre la administración del puerto, argumentando “observaciones” vinculadas al manejo de fondos y al funcionamiento del ente portuario.
Sin embargo, el tribunal consideró que no estaban dadas las condiciones para habilitar la feria judicial y tratar el planteo de manera inmediata.
El puerto de Ushuaia seguirá intervenido tras el fallo de la Justicia
Además del rechazo, la Justicia pidió que la fiscalía se expida sobre un punto clave: si el Juzgado Federal de Ushuaia es competente para intervenir en un conflicto entre el Gobierno nacional y una administración provincial.
En la misma resolución, también se solicitó que se aclare si el gobernador fueguino está habilitado para presentarse directamente en la causa o si esa representación corresponde exclusivamente a la Fiscalía de Estado de la provincia.
Otro de los puntos observados fue la situación del secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, a quien se le requirió gestionar la matrícula federal necesaria para poder actuar formalmente ante la Justicia.
La decisión judicial no implica aún una definición de fondo sobre la intervención, pero deja en pie la medida dispuesta por el Gobierno nacional y dilata cualquier intento de frenarla en el corto plazo.
El argumento del Gobierno Nacional: ¿Deterioro o Auditoría?
Desde Balcarce 50, la justificación de la intervención se basa en un informe técnico que concluyó que el puerto presentaba un “deterioro significativo en sectores estructurales” y un incumplimiento de estándares internacionales de seguridad.
La denuncia más fuerte apunta a la billetera portuaria: la Nación asegura que Ushuaia “destinó un 33% de su presupuesto a subvenciones y solo un 1,3% para la ejecución de obras”, lo que comprometería la operatividad futura.
Melella respondió con dureza en sus redes sociales, asegurando que los argumentos son falsos y que se trata de un atropello al federalismo: “No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado”. La provincia advierte que la ANPyN ha creado un esquema de recaudación paralelo que centraliza el dinero en cuentas nacionales, lo que “sustrae recursos del circuito presupuestario fueguino” y los quita del control del Tribunal de Cuentas local.
Un caso testigo para el Federalismo Argentino
La presentación judicial busca que la cautelar evite un “daño institucional grave e irreparable”. El equipo legal de Tierra del Fuego sostiene que el Gobierno Nacional desconoció el Convenio de transferencia donde “le transfirió a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia a la provincia”.
Para la gobernación, esta disputa trasciende lo local y se erige como un “caso testigo para la defensa del sistema federal argentino”, recordando que las provincias conservan todos los poderes no delegados expresamente. La resolución de la Justicia Federal ante este pedido de inconstitucionalidad marcará el límite del poder central sobre las cajas y los recursos estratégicos provinciales en el esquema político de 2026
