En un movimiento que busca terminar con las internas del bloque oficialista y levantar un muro de contención ante las embestidas de la oposición, la Cámara de Diputados designó este martes a la diputada Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político.
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El nombramiento no es un trámite administrativo más: se trata de la llave de paso de cualquier intento de enjuiciamiento contra el Presidente, sus ministros o los jueces de la Corte Suprema, un cargo que el Gobierno ha decidido otorgar a una de las figuras de mayor lealtad personal al presidente Javier Milei.
La elección de Lemoine llega para normalizar un cuerpo que arrastraba una parálisis institucional desde 2024, tras el escandaloso fracaso del intento de asunción de Marcela Pagano, que terminó en gritos, empujones y una fractura expuesta en el bloque de La Libertad Avanza (LLA).
Con la ausencia de Pagano en la reunión constitutiva, el oficialismo logró imponer su mayoría sin sobresaltos, enviando una señal de orden interno en un momento donde las denuncias por el caso de la criptomoneda $LIBRA y los cuestionamientos al patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asedian los pasillos del Congreso.
El rol de Juicio Político: El primer filtro del poder
Para entender la relevancia de esta designación, es necesario visualizar el camino que debe recorrer una acusación contra las máximas autoridades del país. La Comisión de Juicio Político actúa como el "gran jurado" de la Cámara Baja.
Sin la firma de su presidencia, los pedidos de remoción suelen quedar encajonados. Actualmente, el escritorio de Lemoine recibirá de entrada más de media docena de pedidos de juicio político contra el Presidente Milei. Entre los impulsores figuran legisladores de Unión por la Patria y la izquierda, con argumentos que van desde la presunta corrupción en el caso $LIBRA hasta cuestionamientos por la política exterior y la constitucionalidad del DNU 70/23.
Blindaje ante el caso $LIBRA y la "mochila de plomo" de Adorni
La oposición, liderada en este frente por Juan Marino y Germán Martínez, sostiene que el oficialismo busca un "blindaje total" para proteger no solo al Presidente, sino también a Karina Milei y a Manuel Adorni. El Jefe de Gabinete, cuya imagen se ha visto desgastada por las investigaciones sobre sus viajes privados y la compra de inmuebles de lujo, es mencionado por los legisladores opositores como un factor que podría terminar uniendo los votos necesarios para forzar el tratamiento de los expedientes.
“Su desgobierno y los escándalos de corrupción —sobre todo el caso Adorni, que pasó de ser el candidato estrella a la mochila de plomo— van a lograr que tengamos los números”, advirtió Marino. No obstante, la realidad aritmética del Congreso juega a favor de Lemoine: para que un juicio político prospere y pase al Senado, se requiere una mayoría agravada de dos tercios (172 votos), un número que hoy parece inalcanzable para cualquier bloque opositor.
Una presentación "de público conocimiento"
Un detalle que no pasó desapercibido durante la reunión fue la sobriedad con la que el oficialismo presentó a su nueva autoridad. Mientras que para otros cargos se suelen leer extensos currículums, el jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, se limitó a decir que los antecedentes de Lemoine eran de “público y notorio conocimiento”.
Este contraste fue evidente cuando, minutos después, Bornoroni realizó una exposición mucho más detallada sobre la trayectoria de Sebastián Pareja, quien asumió como secretario primero de la comisión. La brevedad en el caso de Lemoine fue interpretada como una forma de evitar debates sobre su perfil mediático y centrarse puramente en su función política: ser el escudo humano del Poder Ejecutivo en el Parlamento.
