En medio de las tensiones políticas por el escándalo por enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno Nacional busca correr el foco y acelera el dictamen de la ‘Ley Hojarasca’, la iniciativa que elimina normas obsoletas y restrictivas. En este contexto, el Senado buscará este miércoles emitir dictamen sobre el proyecto que prevé eliminar leyes obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX.
La iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados se debatirá este miércoles a 15 horas en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto y Nadia Marquez.
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Voceros parlamentarios señalaron que el objetivo es firmar el despacho sin modificaciones de esta iniciativa, con el fin de que se pueda convertir en ley antes de fin de mes.
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¿Qué es la Ley de Hojarasca y qué leyes se busca eliminar?
La denominada Ley Hojarasca fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. El proyecto sostiene que existen normas que perdieron vigencia por el paso del tiempo, fueron reemplazadas por legislación posterior, responden a organismos que ya no existen o generan cargas burocráticas innecesarias.
La versión aprobada por Diputados contempla la derogación de 59 leyes completas, la eliminación de artículos de otras normas y la suspensión de dos decretos. El proyecto original incluía 63 leyes, pero durante el tratamiento parlamentario se retiraron algunas disposiciones tras negociaciones con distintos bloques.
Entre las normas incluidas figuran varias que fueron sancionadas durante gobiernos militares y otras aprobadas durante administraciones constitucionales del siglo XX.
Una de las más mencionadas es la Ley 20.120, sancionada durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, que obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a informar previamente a la autoridad policial y habilita el ingreso de la fuerza de seguridad al lugar.
También se propone derogar la Ley 20.983, de 1975, que obliga a las emisoras de radio y televisión a destinar al menos 60 minutos diarios a la difusión de contenidos vinculados con el turismo nacional.
El listado también incluye:
- La Ley 14.034 (1951), que establece sanciones para quienes promuevan sanciones internacionales contra el Estado argentino
- La Ley 18.312 (1969), vinculada al control estatal sobre la producción de papel para diarios
- La Ley 19.787 (1972), que declara de interés nacional la difusión de determinados géneros de música argentina
- La Ley 20.843 (1974), conocida como la "Ley del Padrinazgo Presidencial", mediante la cual el Presidente puede apadrinar al séptimo hijo o hija de una familia
- La Ley 21.056 (1975), que obliga a las empresas de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional sobre turismo
- La Ley 22.426 (1981), que exige autorización estatal para contratos de transferencia de tecnología y marcas
- La Ley 22.963 (1983), que regula distintos aspectos vinculados con la elaboración y utilización de cartografía oficial
- La Ley 24.127 (1992), que creó el Premio Nacional a la Calidad para el sector público y privado
- La Ley 25.750 (2003), que establece límites a la participación extranjera en empresas propietarias de medios de comunicación
- La Ley 26.688 (2011), que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos
- La Ley 27.171 (2015), que regula el registro nacional de las palomas mensajeras de carrera
También permanecen dentro del proyecto otras normas que el Ejecutivo considera desactualizadas, como la ley que autoriza las transmisiones de televisión en color, otra que promovía la microfilmación de documentos oficiales y otra que declaraba de interés nacional la explotación del carbón mineral.
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Adorni anunció que irá el 2 de julio al Senado para brindar su informe de gestión
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, notificó este martes a Victoria Villarruel que asistirá el próximo 2 de julio al Senado para brindar su segundo informe de gestión. La vicepresidenta le había exigido adelantar su presentación en medio de los cuestionamientos por su situación patrimonial.
“Señora presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día jueves 2 de julio, y así brindar el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del gobierno", manifestó Adorni en una carta dirigida a Villarruel.
La confirmación de la fecha de una nueva visita del jefe de Gabinete al Congreso se da en un contexto atravesado por la fuerte presión de bloques opositores y aliados para que el funcionario presente su renuncia luego de haber admitido omisiones en sus declaraciones juradas por más de US$500 mil.
En ese escenario, tanto en el Senado como en Diputados la oposición impulsó proyectos para interpelar al funcionario, un proceso que podría derivar en una moción de censura y su eventual destitución. Para evitar que los legisladores dialoguistas del PRO, la UCR y de bloques provinciales acompañen la medida, el Gobierno decidió adelantar la presentación de Adorni y aliviar la presión.
