El senador nacional Mariano Recalde salió este lunes a cuestionar con dureza el decreto del gobierno de Javier Milei que suspende la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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El candidato de Fuerza Patria en la Ciudad anunció que presentará una denuncia judicial contra todos los funcionarios que rubricaron la medida.
“Presidente Milei: usted no decide qué ley del Congreso se cumple y cuál no. El decreto que ‘devuelve’ al Congreso la Emergencia en Discapacidad viola la Constitución. Vamos a denunciar ante la Justicia y todos los que lo firmaron van a tener que responder”, advirtió Recalde a través de sus redes sociales.
Fuerte rechazo al decreto de Milei: Recalde lo denuncia por "violar la Constitución"
El senador recordó además un antecedente reciente: “Ya logramos que tengan que devolver los medicamentos gratuitos para jubilados, ahora vamos por la aplicación de esta ley”, afirmó, vinculando la pelea judicial con otros retrocesos que la oposición logró frenar en los últimos meses.
Para Recalde, el decreto firmado por Milei y su gabinete constituye un nuevo intento del Ejecutivo por limitar derechos consagrados por leyes sancionadas en el Congreso.
Desde su entorno adelantaron que buscarán que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la medida.
En paralelo, diputados nacionales de Encuentro Federal, encabezados por Oscar Agost Carreño, presentaron hoy una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que la oposición volteara el veto del presidente Milei.
De aprobarse la moción, Francos podría ser destituido por la mayoría absoluta de votos en cada cámara, conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional.
“El Gobierno rompió el estado de derecho”, sentenció Agost Carreño en X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso.
La interpelación y moción de censura cuenta con el respaldo de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.
Los legisladores acusan a Francos no solo de incumplir la ley y no reasignar partidas presupuestarias conforme a la norma, sino también de “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y violar la división de poderes del Estado.
El Gobierno sigue con su plan de crueldad hacia las personas con discapacidad: promulgó la Ley de Emergencia en el sector, pero suspendió su ejecución por falta de financiamiento
El Gobierno Nacional promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero resolvió suspender su implementación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La medida, plasmada en el Decreto 681/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; de su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de ministro de Salud de la Nación, se dio a conocer luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei a la ley en el sector. Además, esto surge en medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En el decreto se advirtió que el presupuesto vigente "no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación" y que, incluso reasignando todas las partidas de los tres poderes del Estado, los fondos resultarían "igualmente insuficientes", por lo que solo un aumento del presupuesto aprobado por el Congreso podría garantizar la sostenibilidad de la medida.
En esa línea, repasa que "la implementación de la Ley N° 27.793 demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $3.019.508.900.000, equivalente a 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI)".
"En virtud de lo hasta aquí dispuesto, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la Ley N° 27.793 la que, sin embargo, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé", concluye el texto.
