Hay decretos que ajustan y hay decretos que borran patria. El 655/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo esta semana, pertenece a la segunda categoría. En un solo papel se recorta el 58% de la estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica. De 645 unidades organizativas se pasa a 272. La misma comisión que puso a la Argentina en el mapa nuclear del mundo, la que forma técnicos que la NASA disputa, la que hizo posible el CAREM —el primer reactor de diseño 100% argentino—, queda reducida a una carcasa administrativa.
No lo digo yo. Lo dice el Boletín Oficial. Y lo confirman los propios trabajadores del sector: 100 despidos este mes, 389 puestos menos desde que llegó Milei, según datos oficiales del INDEC. En la sede de Catamarca reincorporaron solo 8 de los 60 que habían echado. En Bariloche los ingenieros ya hacen las valijas.
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No es que no hay plata. La sacaron
El mismo día que se firma este decreto, 400 becarios posdoctorales del CONICET están de protesta en el Polo Científico de Palermo. Piden que se destinen entre 2.000 y 3.000 millones de pesos para renovar sus contratos. Menos de lo que gasta el Ejecutivo en un vuelo oficial. Lo dicen los trabajadores nucleados en ATE-CONICET: no es negligencia, es ajuste deliberado. El Ejecutivo retiró la partida a propósito.
Ya se fueron del país 6.000 científicos, según la Academia Nacional de Ciencias Exactas. Los formamos con la plata de todos y hoy investigan para Europa, Israel y Estados Unidos. Es un subsidio invisible del pueblo argentino a las potencias del norte.
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La trampa Meitner
Y acá viene la pieza que cierra el cuadro. Mientras vacían la CNEA, mientras dejan morir el CAREM, mientras echan becarios, aparece Meitner Energy: una empresa constituida en Delaware, Estados Unidos, con apenas 50 millones de dólares de capital declarado. Anuncia una inversión 24 veces mayor a su capital para instalar un reactor modular en la Argentina.
Lo delicioso del caso es que el reactor no es de ellos. El diseño ACR-300 lo patentó INVAP —la empresa pública de Río Negro— en Estados Unidos, en 2024, con plata argentina. Meitner se quedó con la licencia comercial. Traducción: nosotros pusimos 60 años de ciencia, la patente, el know-how y la infraestructura. Ellos ponen el sello de Delaware, US$ 50 millones y se llevan la ganancia.
Encima, el proyecto se anota al Súper RIGI: 30 años sin pagar impuestos, giro libre de divisas y blindaje judicial. Y la propia ex presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, lo dijo con todas las letras: "Parece más una burbuja tecnológica financiera. En el anuncio no había ningún técnico, solo un economista y el CEO". El CEO, dicho sea de paso, es Teófilo Lacroze, ex presidente de Shell en Argentina. Un petrolero manejando un proyecto nuclear.
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El mismo libreto continental
Nada de esto es original. Bolsonaro lo hizo en Brasil con la Embrapa. Kast lo propone en Chile con las universidades públicas. Milei lo firma acá con la CNEA y el CONICET. La internacional del ajuste necesita pueblos sin ciencia propia, sin soberanía tecnológica, sin capacidad de decidir qué hacer con sus recursos.
Un país que no piensa es una colonia. Un país que regala 60 años de investigación pública para que se la lleve una empresa de Delaware con US$ 50 millones es una colonia con papeleo. La ciencia pública no es un gasto: es la última trinchera de soberanía que le queda a una nación periférica. Y esta semana la están dinamitando con un decreto.
Mientras tanto, los becarios siguen en la calle. Los ingenieros nucleares hacen las valijas. Y el mismo Ejecutivo que dice no tener plata para pagar posdoctorales le firma reducciones impositivas por 30 años a una empresa yanqui que ni siquiera opera un reactor todavía.
Datos, decretos, nombres y apellidos. No es un invento mío. Es lo que dice el Boletín Oficial de esta semana.
#DatoMataRelato
