La medida tomada este mediodía por el mandatario ya se venía rumoreando días atrás y se oficializará con la publicación de los decretos en el Boletín Oficial del próximo lunes.
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El Gobierno confía en tener los votos necesarios en la Cámara de Diputados para defender estos vetos y evitar que sean revertidos por el Congreso. Necesita evitar que haya dos tercios de legisladores presentes que voten a favor de rechazarlo en una de las dos cámaras. Las iniciativas, que habían sido aprobadas por el Senado a principios de julio, ahora enfrentan el rechazo presidencial.
La ley aprobada en ambas cámaras implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. Además, la norma implica la restitución por dos años de la moratoria que permite que las personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
“Vamos a vetar. Aún si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, había anunciado Milei ante la Bolsa de Comercio semanas atrás, después de la contundente votación a favor del incremento en el Senado.
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Aprobaron la ley de emergencia en Discapacidad: los detalles
El texto declara la emergencia en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre los puntos centrales, establece que las prestaciones arancelarias se actualicen desde diciembre de 2023 según la inflación acumulada, y que las pensiones no contributivas tengan una actualización mensual automática en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, fija que el monto de las pensiones por discapacidad no podrá ser menor al 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que representa un intento de sostener el poder adquisitivo de quienes dependen de estos ingresos.
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Por otro lado, en respuesta a las reiteradas demandas del sector, la propuesta apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901, cuyo conjunto de prestadores —hogares, escuelas, centros de día, terapeutas, transportistas— fue recientemente foco de reclamos por falta de actualización en los valores que perciben.
En ese sentido, se prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Además, se establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. Estos mecanismos buscarán dar respuesta a un problema muy concreto: que las personas con discapacidad se queden sin ayuda profesional (por ejemplo, maestras integradoras, terapias o traslados) por los bajos salarios y las demoras en los pagos.
El proyecto aprobado incluye también medidas específicas para los prestadores, como un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social, que contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago vigentes y caducos.
Otro punto relevante es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad. A esto se suma el compromiso de garantizar recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
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Votos por fondos: la jugada de Milei en el Congreso
En la Cámara baja, la ley de aumento a jubilados había obtenido un respaldo significativo, con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. Incluso aliados clave del oficialismo, como el PRO, no tienen aún una postura unificada respecto al tratamiento de los vetos, debido a la suspensión de reuniones y el receso invernal.
Para sostener los vetos, el Gobierno se encuentra en intensas conversaciones con los gobernadores, buscando su apoyo en Diputados.
La Casa Rosada analiza ofrecer a las provincias una parte de los Fondos de Asistencia del Tesoro Nacional (ATN) para atenuar el conflicto, aunque el monto aún no está definido.
Los mandatarios provinciales, por su parte, reclaman fondos del Tesoro y una modificación en la distribución de los recursos del impuesto a los combustibles líquidos.
