Ayer, 19 de agosto de 2026, en El Pedregoso, a la altura de los kilómetros 2081 y 2083 de la ruta nacional 40, entre Villa La Angostura y Bariloche, la Policía de Neuquén, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) desalojaron a las lof mapuche Kinxikew y Melo. Se llevaron por delante a decenas de familias que habitan hace siglos 625 hectáreas adentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Del otro lado del expediente no hay un vecino, ni un pequeño productor, ni un colono con arraigo. Hay una familia belga apellidada Broers. Un terrateniente extranjero que compró de manera fraudulenta y cuyo título ni siquiera está inscrito en el Registro dominial del lote 42 que hoy está en disputa. Lo dijo textual el lonco Amancay Quintriqueo, y lo denuncia la Confederación Mapuche de Neuquén como "una artimaña legal de una familia belga apellidada Broers, un juez ligado a su familia dueño de Inmobiliaria Bonorino, y un gobierno provincial dispuesto a prestar las fuerzas represivas".
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Cuatro fuerzas de seguridad contra dos comunidades. El operativo se adelantó un día para agarrarlos desprevenidos. Durante el último mes se les negó a los abogados de las lof el acceso al expediente, y llegaron al operativo sin saber cómo se iba a ejecutar. Lo denunció el CELS, no lo estoy inventando yo. Los detalles lo di en el programa "Algo salió mal", el stream de Data Diario que va de lunes a jueves de 9 a 11 horas.
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El Estado ya había reconocido el territorio
Este no es un lío entre dos particulares que discuten un lote. El propio Estado argentino, a través del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), había firmado en diciembre de 2023 la Resolución 332/23, reconociendo que las lof Kinxikew y Melo ocupan esas tierras de manera tradicional, pública y actual. La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas.
El juez de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, ignoró todo eso y firmó el desalojo igual. En el mismo expediente donde el lonco denuncia que el título del reclamante no está inscrito, el juez dio por buenos los papeles del terrateniente y por invisibles los de la comunidad. No hace falta ser abogado para ver de qué lado se paró la Justicia.
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Milei derogó la única ley que los protegía
Nada de esto es casualidad. A fines de 2024, Milei firmó el DNU 1083/2024 y dio por terminada la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Esa era la ley que, desde 2006 y prorrogada varias veces por el Congreso, frenaba desalojos como el de ayer mientras el Estado terminaba el relevamiento territorial pendiente. Milei la volteó de un plumazo, sin debate parlamentario, mientras hablaba en cadena nacional de "las fuerzas del cielo".
Sin esa ley, los jueces amigos de los terratenientes tienen vía libre. Y los que ganan no son argentinos que trabajan la tierra: son fondos, sociedades anónimas y familias europeas con papeles viejos.
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No es la primera vez y ya sabemos cómo termina
La represión a los pueblos originarios en Argentina, en los últimos años, dejó muertos con nombre y apellido. En 2017, Gendarmería Nacional entró a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut, en un operativo contra la comunidad mapuche que reclamaba tierras a Benetton. En ese operativo desapareció Santiago Maldonado. Su cuerpo apareció 78 días después en el río Chubut, y todavía hoy la Justicia no llegó a los responsables. En noviembre de ese mismo 2017, en Villa Mascardi, la Prefectura Naval Argentina mató por la espalda con un balazo al joven mapuche Rafael Nahuel. La causa terminó recién en 2022, con condenas leves a los prefectos que dispararon.
Los que ayer mandaron a Gendarmería y Prefectura a El Pedregoso saben perfectamente esa historia. Y la mandaron igual. Ese es el mensaje.
12,5 millones de hectáreas que ya no son nuestras
Mientras el Gobierno reprime a las lof, en el Congreso se debate el paquete "Ley de inviolabilidad de la propiedad privada" con desalojos exprés incorporados, aprobado por el Senado el 6 de agosto pasado. En ese mismo paquete se intentó colar la extranjerización de tierras. Ese capítulo lo frenamos porque no juntaron los votos, pero ya se sabe qué quiere Milei: más papeles para los de afuera y menos protección para los de adentro.
Los números de la extranjerización ya son un escándalo, y son oficiales. El Registro Nacional de Tierras Rurales dice que el 5,02% del país, unas 12.520.826 hectáreas, está en manos de extranjeros. Casi 2 millones de esas hectáreas están registradas en empresas de paraísos fiscales, o sea que nadie sabe quiénes son los dueños reales. Y esto es con la Ley 26.737 de 2011 vigente, que fija topes por titular y por zona. Sin esa ley, los topes desaparecen.
En la Patagonia, la lista es conocida: Benetton (Italia) tiene 900 mil hectáreas entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El grupo chino Beidahuang tiene 330 mil. Somuncura Patagonia SA (Francia) tiene 155 mil. Joe Lewis (Reino Unido) tiene 38 mil hectáreas en Lago Escondido, cerró el paso público al lago y hasta hoy ningún gobierno le pudo abrir el acceso a los argentinos. Cerca de ahí también aparece la familia Broers, la misma que ayer sacó a los Kinxikew y Melo con cuatro fuerzas de seguridad.
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La pregunta que el oficialismo no quiere que se haga
La pregunta no es si los Broers tienen o no tienen papeles. La pregunta es más grande: ¿qué clase de país es el que reprime con Gendarmería, Prefectura, policía y GEOP a comunidades que llevan siglos en un territorio, para hacerle lugar a una familia europea que ni siquiera vive ahí y cuyo título está cuestionado?
Y todavía más grande: ¿qué clase de país deja el 5% de su territorio en manos de extranjeros, mientras a los pobladores originarios les niega hasta el título comunitario que la propia Constitución ordena entregar?
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Lo que hay que mirar en los próximos días
Tres cosas para no perder de vista:
- Si el operativo se completa en el sector donde están las viviendas de las lof Melo y Quintriqueo. Infobae anticipó que la fuerza podría volver hoy jueves. Si vuelve, ahí se va a jugar la pulseada. Habrá que mirar quién acompaña en el territorio y quién manda comunicados desde la Casa Rosada.
- La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Ya avanza contra el Estado argentino en el histórico conflicto de tierras en Villa La Angostura, según publicó Infobae este mismo miércoles. La denuncia internacional es la puerta que el oficialismo no puede cerrar por decreto.
- El proyecto de "propiedad privada" en Diputados. Ya tiene media sanción. Si consigue los votos en la Cámara baja, los desalojos exprés se vuelven ley y lo de ayer se multiplica.
Represión abajo, escritura arriba
Este es el plan. Mientras a los mapuches los sacan con gendarmes, arriba se firman escrituras para los que llegan con dólares. La tierra no se les cae a los Broers, a los Lewis, a los Benetton: se las trae el Estado con una mano y con la otra les prepara la Constitución a medida.
La tierra es de los que la habitan hace siglos, no de los que la compran con papeles viejos y jueces amigos. Ayer los Kinxikew y los Melo fueron desalojados. Mañana, si no reaccionamos, va a ser otra lof. Y otra. Y otra.
No es un accidente. Es un plan. Y el que lo firma también tiene nombre y apellido.
