El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La medida se da en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad y remarcó que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.
Tras aprobarse las leyes de aumentos a jubilados, la restauración de la moratoria previsional y la declaración emergencia en discapacidad, el presidente Javier Milei, decidió vetar estas medidas y el Gobierno publicó un comunicado donde aseguró que estas normas estaban "atentando contra el equilibrio fiscal" y "contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación".
"La Oficina del Presidente informa que el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha vetado los proyectos que el Congreso de la Nación aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación", señaló el texto.
Y agregó que "los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 billones de pesos para el año 2026". "Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y del 1,68% del PBI estimado para el año entrante", añadió el comunicado.
"Determinados sectores han impulsado estos proyectos en pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su notable intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos. La misma clase política que, durante su gestión, impulsó medidas que multiplicaron la inflación y la pobreza, pretende hoy revertir la tendencia de reducción inflacionaria y volver a llevar al pueblo argentino a la miseria, de la mano de proyectos como los hoy vetados", continuó.
Para cerrar, el Gobierno sostuvo que "a diferencia de lo que hacen los políticos de la casta, este Presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre".
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Vigilia en Plaza de Mayo y movilización frente al Congreso contra el veto de Javier Milei
Este miércoles, el Congreso debatirá sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese contexto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó, este martes, a una vigilia con velas en Plaza de Mayo, y a una movilización frente al Congreso, el miércoles 20 de agosto.
El objetivo de la medida es visibilizar el impacto que tendría la falta de vigencia de la norma: la posibilidad de cierre de hogares y residencias por falta de recursos, pérdida de pensiones no contributivas, limitaciones en rehabilitación, educación, transporte y medicación para personas con discapacidad y riesgo de interrupción en el acceso al Programa Federal Incluir Salud.
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Los detalles de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El texto declara la emergencia en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre los puntos centrales, establece que las prestaciones arancelarias se actualicen desde diciembre de 2023 según la inflación acumulada, y que las pensiones no contributivas tengan una actualización mensual automática en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, fija que el monto de las pensiones por discapacidad no podrá ser menor al 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que representa un intento de sostener el poder adquisitivo de quienes dependen de estos ingresos.
Por otro lado, en respuesta a las reiteradas demandas del sector, la propuesta apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901, cuyo conjunto de prestadores —hogares, escuelas, centros de día, terapeutas, transportistas— fue recientemente foco de reclamos por falta de actualización en los valores que perciben.
En ese sentido, se prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Además, se establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. Estos mecanismos buscarán dar respuesta a un problema muy concreto: que las personas con discapacidad se queden sin ayuda profesional (por ejemplo, maestras integradoras, terapias o traslados) por los bajos salarios y las demoras en los pagos.
El proyecto aprobado incluye también medidas específicas para los prestadores, como un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social, que contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago vigentes y caducos.
Otro punto relevante es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad. A esto se suma el compromiso de garantizar recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
