El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, salió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei tras la publicación en el Boletín Oficial de los decretos que anularon dos leyes aprobadas recientemente por el Congreso: la que declaraba la emergencia pediátrica y asignaba más recursos al Hospital Garrahan, y la que garantizaba el financiamiento del sistema universitario público.
“Crueldad e ignorancia”
“Los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario talan el futuro de nuestro país: la salud de la niñez y la educación. ¿Todo por mantener un supuesto equilibrio fiscal? No, son medidas que practican la crueldad y cultivan la ignorancia”, escribió Sujarchuk en su cuenta de X.
El jefe comunal consideró que se trata de un ataque directo contra instituciones clave para el desarrollo nacional: “Atentar contra el Garrahan es un despropósito de una magnitud tal que ni los propios se animan a defender. El presupuesto del Garrahan es insignificante dentro del presupuesto nacional. Sin embargo, los beneficios para todos los argentinos son inconmensurables”.
En otro tramo, advirtió que “desfinanciar al sistema universitario y científico es un error estratégico para el desarrollo de la Argentina. En la era de la IA, la premisa de cualquier gobierno debe ser promover el conocimiento, lo que garantiza mejor calidad de vida a las nuevas generaciones”.
El veto al Garrahan
Este jueves se oficializó el Decreto 651/25, firmado por todo el gabinete, que anula en su totalidad la Ley 27.796 sancionada el 22 de agosto. Esa norma declaraba la emergencia sanitaria pediátrica y de residencias nacionales en salud por un año, y preveía aumentar los fondos del Hospital Garrahan para garantizar su funcionamiento.
Con el veto, la iniciativa deberá regresar al Congreso y conseguir mayorías especiales de dos tercios en ambas cámaras para ser ratificada. Mientras tanto, distintos gremios de la salud y residentes anticiparon que buscarán presionar con movilizaciones.
El financiamiento universitario en disputa
Un día antes, el Gobierno ya había hecho lo mismo con la Ley 27.795 de financiamiento universitario, vetada mediante el Decreto 647/25. La norma contemplaba la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, la convocatoria a paritarias docentes y no docentes, el refuerzo a los hospitales universitarios y la ampliación de becas para estudiantes.
El proyecto había sido aprobado por amplia mayoría en Diputados —158 votos a favor—, aunque no alcanzó los dos tercios necesarios para blindarlo frente al veto presidencial. Ahora, la oposición intentará insistir con la ley en una sesión prevista para la próxima semana, en un clima de creciente conflictividad con la comunidad universitaria.
Argumentos oficiales y resistencias
Desde la Casa Rosada justificaron los vetos en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que prohíbe habilitar gastos no previstos sin identificar fuentes concretas de financiamiento. Según cálculos oficiales, el costo fiscal de las dos leyes vetadas superaría el billón de pesos en 2025 y pondría “en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas”.
Pero para intendentes como Sujarchuk, la decisión presidencial tiene un trasfondo ideológico: “Gobernar es hacerse cargo de los problemas que afectan a las mayorías. Por eso, necesitamos mayor racionalidad en la toma de decisiones. Seamos realistas, pidamos lo imposible: un gobierno con sentido común”, concluyó.
Escenario político
Los vetos llegan pocos días después de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses, donde Milei perdió por 14 puntos en el distrito más poblado y con mayor cantidad de universidades del país. Con este gesto, el mandatario buscó dejar en claro que no modificará su plan de ajuste pese a los costos políticos.
La oposición prepara ahora una ofensiva parlamentaria y movilizaciones en defensa del sistema universitario y del Hospital Garrahan, en lo que promete convertirse en un nuevo frente de conflicto social y legislativo para el Gobierno libertario.
