El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, un paso clave para garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas en un contexto de constante ataque a la educación pública.
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Con 58 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, la ley fue sancionada en un momento en que las universidades atraviesan una de sus crisis más graves, producto de los recortes del gobierno nacional.
Estos ajustes provocaron que los salarios de docentes y no docentes perdieran hasta un 30% de poder adquisitivo desde 2023.
Victoria para las universidades públicas: se aprobó la ley de financiamiento
Antes de la votación, el Senado rechazó varios decretos presidenciales que intentaban intervenir en organismos como Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, entre otros. Un paso importante para frenar los intentos de desregulación del gobierno.
La nueva ley propone una recomposición del presupuesto universitario para cubrir la pérdida por inflación entre mayo y diciembre de 2024.
Además, establece que los salarios se ajusten cada tres meses, para que siempre estén por encima de la inflación. También se destinarán fondos para investigaciones científicas, becas postdoctorales y el CONICET.
Sin embargo, los críticos sostienen que es solo una parte de la lucha, ya que el gobierno continúa amenazando con nuevos recortes y reformas.
De hecho, el gobierno ya vetó este proyecto el año pasado, pero la masiva movilización de estudiantes y docentes mostró que no todo está perdido.
Como sucedió con la ley de discapacidad, la lucha en las calles está dando frutos y demuestra que el ajuste de Milei no es invencible.
