Aunque el fiscal Álvaro Garganta desestimó la denuncia por complot contra los 24 policías bonaerenses vinculados con el libertario Maximiliano Bondarenko y la redujo a una causa por malversación de fondos públicos, nuevas pruebas revelan que los efectivos sí estaban trabajando para su campaña. Un nuevo audio de Martín Ortiz Valenzuela (entonces jefe de la Policía Ecológica y muy cercano a Bondarenko), al que accedió el portal de noticias Página12, contradice la versión oficial de un simple “asado de camaradería”, como afirmó Patricia Bullrich. En el mensaje, Ortiz Valenzuela convoca a una reunión en su casa: “Viene el senador, va a estar Maxi (Bondarenko), y ahí tenemos que presentar y hacer el desarrollo de todos los trabajos previstos”.
Te puede interesar
El mensaje enviado por WhatsApp al grupo de policías desafectados detalla incluso temas de agenda: “Vamos a ajustar lo que vienen haciendo, ya sé que estuvieron trabajando. José me adelantó un paper muy bueno sobre financiamiento de emergencias. Falta lo del trabajo carcelario”. También les pide confirmar asistencia, especialmente a Mauro Lorea. El contenido contradice la versión de Bullrich y refuerza la sospecha de participación política activa.
Mientras tanto, Garganta avanza en la causa: ordenó peritar las siete computadoras secuestradas y ahora incorporó una denuncia de Bullrich contra Kicillof por presunto espionaje ilegal, basada en la filtración de chats privados. Sin embargo, el ministro bonaerense Javier Alonso advirtió que “la Ley Orgánica de la Policía prohíbe expresamente este tipo de actividad política”.
En declaraciones televisivas, Alonso explicó que la denuncia describe un grupo que planeaba intervenir la cúpula policial para reemplazarla con personal afín a Bondarenko. También reveló el vínculo entre el candidato libertario y Ortiz Valenzuela: “En 2017, cuando Bondarenko se lanza como candidato, Asuntos Internos archiva una causa por usurpación de un terreno. Al lado, construye su casa Valenzuela, su compadre. Son testigos mutuos en el juicio de usucapión”.
“El problema no es solo que militen (concluyó Alonso), sino que lo tienen prohibido por ley. No fueron echados, sino desafectados y están siendo investigados”.
