Este jueves ingresó formalmente al Senado el DNU 941/25, una normativa que reconfigura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplía sus atribuciones operativas. La medida ha encendido alarmas en sectores opositores y organismos de derechos humanos, quienes consideran que el decreto otorga funciones inusuales para un sistema democrático, especialmente en lo que respecta a la intervención en materia penal.
A partir de ahora, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dispone de diez días hábiles para emitir un dictamen; de lo contrario, ambas cámaras quedarán habilitadas para tratarlo directamente en el recinto.
El conflicto por la conformación de la Bicameral
El tratamiento parlamentario enfrenta un obstáculo operativo crítico: la Comisión Bicameral aún no fue constituida. Esta parálisis administrativa, denunciada por bloques opositores ante Victoria Villarruel y Martín Menem, es vista como una estrategia de dilación que permite mantener la vigencia del decreto sin un despacho previo.
Mientras tanto, en los pasillos de Diputados ya se proyecta un bloque de 122 legisladores dispuestos a rechazar la norma, un número que, si bien aún no alcanza el quórum, presagia una votación adversa para el Ejecutivo una vez que se logre convocar a sesión.
Judicialización y precedentes históricos
La controversia no se limita al Congreso, sino que ya se ha trasladado a los tribunales. Se han presentado tres pedidos de nulidad contra el decreto, impulsados por el CELS, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, bajo el argumento de que no se ha acreditado la "necesidad y urgencia" que exige la Constitución para legislar sobre inteligencia.
El escenario actual evoca el antecedente reciente en el que el Congreso derogó un decreto similar sobre fondos reservados de la SIDE, marcando un límite histórico al uso de esta herramienta por parte del Ejecutivo.
