El Gobierno de Santa Fe ejecutó este viernes un nuevo operativo en el marco de la Ley de Microtráfico, con la inactivación de un búnker de venta de drogas ubicado en Presidente Roca 5173, barrio Tiro Suizo de Rosario.
La medida, supervisada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el fiscal del MPA, César Cabrera, marcó el derribo número 50 en Rosario y el 78 en toda la provincia desde la promulgación de la ley.
Te puede interesar
“Vamos siempre contra los puntos de venta de estupefacientes en los barrios, con una política criminal para terminar con los hechos que provocan violencia”, señaló Cococcioni durante el operativo.
El ministro destacó que el inmueble “había sido recuperado una y otra vez por grupos delictivos”, por lo que se tomó la decisión de inactivarlo físicamente: “Lo derrumbamos”, expresó.
Cococcioni subrayó que “detrás de cada búnker hay organizaciones de delincuentes que intentan adueñarse del territorio” y reafirmó el mensaje político del operativo: “Tenemos que mostrarles que acá manda el Estado y no la delincuencia.”
Por su parte, el fiscal Cabrera detalló que la vivienda “estuvo ligada durante más de diez años a distintos grupos delictivos, en especial a la banda de Los Gorditos, que la utilizó como centro de acopio y venta de drogas”.
A pesar de las condenas judiciales, el inmueble volvió a ser ocupado por terceras personas, registrándose “hechos de violencia con armas de fuego y denuncias por venta de estupefacientes”.
“En septiembre detectamos que habían roto la puerta con una moladora para volver a usarla con fines delictivos. Por eso impulsamos la inactivación definitiva para devolverle seguridad a los vecinos”, explicó Cabrera.
La Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023 y promulgada por la gestión de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, permite a la provincia actuar sobre inmuebles utilizados para la venta de drogas o la generación de violencia.
Desde su implementación, se desarrollaron más de 70 intervenciones coordinadas entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de Santa Fe y los gobiernos locales, en una estrategia que busca recuperar el territorio y fortalecer la presencia del Estado.
