Más de 400 mil personas se encuentran en situación de mora en Santa Fe, según los datos presentados durante una jornada realizada en la Cámara de Diputadas y Diputados provincial.
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El encuentro reunió a especialistas, legisladores, universidades, entidades financieras y organizaciones sociales para debatir el crecimiento del sobreendeudamiento y su impacto sobre las economías familiares.
La actividad fue impulsada por la diputada Gisel Mahmud, autora de un proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios que propone reforzar los controles sobre quienes ofrecen créditos.
De acuerdo con las cifras expuestas, más de 412 mil santafesinos registran deudas irregulares. A su vez, un estudio de DEMOS indicó que el 81% de las obligaciones está relacionado con tarjetas de crédito refinanciadas y préstamos personales destinados a cubrir gastos cotidianos.
La morosidad se multiplicó
El economista Emiliano Libman, integrante de Fundar, señaló que los préstamos personales crecieron un 134% en términos reales durante 2024.
En paralelo, la morosidad nacional pasó del 2,8% en mayo de ese año al 12,8% en mayo de 2026.
En Santa Fe, la cantidad estimada de personas en mora equivale aproximadamente a uno de cada cuatro deudores.
Libman relacionó la situación con la pérdida de poder adquisitivo, la expansión de los créditos y el aumento de las tasas de interés. También advirtió que las herramientas de protección al consumidor serán insuficientes si los ingresos familiares no se recuperan.
Un sistema para renegociar las deudas
Uno de los principales puntos del proyecto presentado por Mahmud es la creación de un procedimiento extrajudicial de saneamiento de deudas.
La propuesta apunta a reunir a todos los acreedores en una única instancia para renegociar las obligaciones con asistencia legal gratuita.
El mecanismo buscaría evitar que una familia tenga que negociar individualmente con cada banco, financiera o prestamista y facilitaría acuerdos de pago compatibles con sus ingresos.
La iniciativa también contempla medidas de prevención, asesoramiento, mediación y conciliación.
Reclaman una ley provincial
La abogada María Paula Arias, presidenta de la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor, sostuvo que Santa Fe necesita actualizar sus herramientas legales.
La especialista indicó que la nueva Constitución provincial reconoce el derecho de acceso al consumo y establece una protección especial ante el sobreendeudamiento.
También cuestionó a las entidades que entregan préstamos sin evaluar adecuadamente la capacidad de pago de los solicitantes y reclamó que los prestadores asuman responsabilidad por los riesgos que contribuyen a generar.
La jornada concluyó con un pedido para avanzar en una ley provincial de protección al consumidor y crear mecanismos que permitan prevenir el endeudamiento excesivo, asesorar a los hogares y facilitar la renegociación de las obligaciones.
