Por primera vez en 24 años, la Iglesia de Misiones tuvo que abonar un cargo al Gobierno Nacional para permitir el desplazamiento de miles de fieles que peregrinaron este fin de semana al santuario de Nuestra Señora de Loreto a través de la Ruta Nacional 12.
El sacerdote y rector del santuario, Leonardo Cuenca, expresó su fuerte malestar en redes sociales, calificando el cobro como “un nuevo impuesto” aplicado a los más de diez mil peregrinos católicos.
El religioso reveló que Vialidad Nacional exigió el pago de "intervención del camino", cuyo depósito se realizó en las cuentas de la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (ARCA).
Cuenca sostuvo que “en el país de la libertad, hoy, por primera vez en 24 años, hemos tenido que pagar un arancel de más de medio millón de pesos al Estado Nacional para poder peregrinar sobre la ruta 12, una ruta abandonada, donde la selva avanza y los carteles están invadidos por árboles y monte”.
El monto exacto fue de $560.000. El sacerdote cuestionó la lógica detrás de este arancel y disparó: “Hasta para peregrinar ahora hay un nuevo impuesto”. Además, criticó el contexto económico: "los impuestos aumentan para los caminantes mientras los grandes son beneficiados con exenciones. Todo calculado: un proyecto económico extranjero para que unos pocos crezcan, a costa de la pobreza de la mayoría”.
Precedente y falta de contraprestación
El sacerdote lamentó que “la contraprestación de Nación es nula”, destacando que otras instituciones como la Policía de Misiones, Gendarmería, Prefectura y el Ministerio de Salud sí acompañaron el recorrido de los fieles sin exigir pago. Cuenca explicó que, de no realizar el pago de este “impuesto nacional”, no se les habría permitido realizar la manifestación de fe.
El monto fue calculado en base al horario de utilización de la ruta por los 12.000 peregrinos: desde las 18:00 del sábado 15 hasta la mañana del domingo 16. La preocupación es que esto “quizás sienta un precedente para todo tipo de peregrinaciones o manifestaciones populares de fe”.
El rector del santuario confirmó que consultaron a los obispados de Luján e Itatí, y en ambos grandes centros de peregrinación les aseguraron que nunca se les había exigido un pago similar.
La versión oficial de Vialidad Nacional
Voceros de Vialidad Nacional consultados por el diario El Territorio defendieron el cobro, alegando que está amparado en la Ley Nacional de Tránsito.
Señalaron que la falta de cobro en años anteriores se debió a que los organizadores no habían solicitado el permiso correspondiente. El artículo 60 de dicha ley estipula el cobro por el uso de la vía pública “para fines extraños al tránsito”, incluyendo específicamente las “manifestaciones, mitines, exhibiciones, competencias de velocidad pedestres, ciclísticas, ecuestres, automovilísticas”. La peregrinación, al tratarse de una manifestación de fe cristiana, encajaría en esa categoría legal.
