El mercado de viviendas en Argentina ha dejado de ser una simple cuestión de oferta y demanda para convertirse en una crisis humanitaria de baja intensidad. Un exhaustivo informe nacional presentado esta semana por la organización Inquilinos Agrupados revela una estadística desoladora: 7 de cada 10 inquilinos mantienen deudas activas para poder subsistir.
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El dato marca un punto de inflexión histórico, donde el acceso al techo ya no compite solo contra la inflación, sino contra el hambre: por primera vez en décadas, la preocupación por el salario y el empleo ha desplazado a la vivienda en el ranking de inquietudes de quienes alquilan, reflejando una pérdida de capacidad de pago que ningún ajuste paritario logra compensar.
De acuerdo con la encuesta, el escenario actual configura lo que los especialistas denominan “desalojo económico”. Ya no es necesaria una orden judicial para que una familia abandone su hogar; la combinación de alquileres con aumentos trimestrales, expensas que en CABA promedian los $250.000 y un costo de vida asfixiante funciona como un mecanismo de expulsión invisible.
El 17,2% de los consultados confirmó haber tenido que mudarse en el último año por la imposibilidad fáctica de afrontar los pagos, una cifra que en provincias petroleras como Neuquén se dispara al 33,3%.
Vivir para pagar: El fenómeno del pluriempleo y la deuda alimentaria
La estrategia de supervivencia de la clase media inquilina ha mutado hacia una precarización sistémica de la vida cotidiana. El informe destaca que el 46% de los inquilinos hoy tiene más de un empleo, y un 30% se vio obligado a sumar nuevas actividades informales para intentar equilibrar las cuentas. Sin embargo, el esfuerzo no alcanza: el endeudamiento se ha vuelto la única herramienta para llegar a fin de mes.
La estructura de la deuda inquilina es alarmante y revela una vulnerabilidad extrema:
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53,2% tomó crédito o pidió prestado para comprar alimentos.
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38,9% se endeudó específicamente para poder pagar el canon mensual del alquiler.
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65,2% arrastra saldos impagos en sus tarjetas de crédito, financiando lo básico a tasas de interés que licúan cualquier ingreso.
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, fue categórico al analizar estas cifras: “Pisar las paritarias de los trabajadores inquilinos tiene consecuencias graves en un contexto donde el alquiler aumenta trimestralmente”. Según el dirigente, el país atraviesa una situación esquizofrénica donde el discurso oficial habla de una inflación que cede, pero en la realidad de la calle “todo aumenta” y los ingresos alcanzan para menos.
El ajuste llega al plato: Jubilados y niños, los más afectados
Quizás el dato más crudo del relevamiento sea el impacto del costo habitacional sobre la nutrición. El 65,1% de los inquilinos admitió haber recortado el consumo de alimentos para no quedar en la calle. La situación adquiere ribetes dramáticos entre los jubilados: el 41,7% de los adultos mayores que alquilan realiza solo una o dos comidas por día, ya que destinan más del 40% de su haber previsional únicamente al pago del techo, sin contar servicios ni medicamentos.
Este ajuste dentro del hogar es generalizado. El 89,6% de los encuestados recortó gastos en salud, educación o vestimenta. Para un tercio de la población inquilina, el alquiler ya absorbe entre el 60% y el 100% de sus ingresos netos, dejando el resto de su existencia librada al azar o a la ayuda familiar. Esta presión económica está rompiendo el modelo tradicional de movilidad social ascendente, consolidando la aparición de una “segunda generación inquilina” (que ya representa el 51,6% en CABA), jóvenes cuyos padres tampoco fueron propietarios y que ven el sueño de la casa propia como una utopía inalcanzable.
La herencia del DNU 70/2023 y la falta de regulación
Para las organizaciones civiles, el origen de esta crisis tiene nombre y apellido: la desregulación total del mercado tras la derogación de la Ley de Alquileres. “Estamos frente a una crisis coyuntural ocasionada por la política económica y por el decreto 70/2023 que terminó con la Ley de Alquileres”, sostuvo Muñoz. Bajo el nuevo esquema, el 70% de los contratos registra actualizaciones cada tres o cuatro meses, lo que impide cualquier tipo de previsibilidad financiera en el hogar.
A pesar de la reaparición de los créditos UVA (el año pasado se otorgaron 44.000), el acceso al crédito sigue siendo un espejismo para quienes no pueden ahorrar debido al peso del alquiler. Desde Inquilinos Agrupados insisten en que no habrá salida individual a este laberinto: “Que se organicen, que participen. No hay solución individual para el acceso a la vivienda”. La recomendación para quienes deben renovar contratos en este abril de aumentos es buscar asesoramiento y representación gremial a través de la afiliación al sindicato inquilino, como única barrera ante la arbitrariedad de los precios de mercado.
