El Gobierno argentino y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) sellaron un acuerdo que habilita el desembolso de aproximadamente USD 1.000 millones, correspondientes a la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF).
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El entendimiento se produce tras un trimestre de intensas reformas legislativas, destacándose la sanción del Presupuesto 2026 y un paquete de leyes orientado a la flexibilidad laboral y la promoción de inversiones mineras. Ahora, solo resta la ratificación del Directorio Ejecutivo del organismo para que los fondos ingresen a las reservas del Banco Central.
El comunicado del organismo valoró positivamente el "paquete de políticas sólido y equilibrado" implementado por la administración de Javier Milei. Según el FMI, la estrategia oficial ha logrado consolidar la desinflación y mejorar la estabilidad externa, permitiendo que el país comience a recuperar el acceso sostenible a los mercados internacionales. Un hito subrayado por el staff fue la normalización del flujo de divisas, que permitió a las empresas repatriar dividendos por primera vez en seis años.
Fortaleza externa y acumulación de reservas
Uno de los puntos más destacados de la revisión es la capacidad de acumulación de divisas que mostró el Banco Central en el primer tramo del año, con compras que superaron los USD 5.500 millones. El Fondo resaltó que la Argentina ha logrado "resistir bien" la volatilidad global generada por la guerra en Medio Oriente, apalancándose en su nueva condición de exportador neto de energía, un cambio estructural derivado de la maduración de proyectos en Vaca Muerta y la infraestructura de GNL.
Para el resto de 2026, el acuerdo establece metas ambiciosas:
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Reservas Netas: Se proyecta un incremento de al menos USD 8.000 millones.
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Compras de divisas: El Banco Central deberá adquirir un mínimo de USD 10.000 millones en el mercado de cambios durante este año.
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Financiamiento: Se implementará una estrategia multifacética que incluye la emisión de deuda en dólares bajo ley local, la venta de activos estatales y préstamos de organismos internacionales para refinanciar obligaciones.
El ancla fiscal y reformas estructurales
El FMI ratificó que el eje central del programa seguirá siendo el equilibrio financiero en caja, apuntando a un superávit primario del 1,4% del PBI para este año. El organismo enfatizó que este objetivo debe sostenerse mediante un control estricto del gasto público, aunque pidió preservar los márgenes necesarios para la asistencia social focalizada, con el fin de proteger a los sectores más vulnerables durante el proceso de estabilización.
En materia monetaria, el Banco Central continuará con una política restrictiva para apoyar la desinflación subyacente. Se introducirán bandas cambiarias ampliadas y una mayor transparencia operativa a través de informes trimestrales. El objetivo es mejorar la transmisión de la tasa de interés y asegurar que el crédito llegue al sector privado de manera eficiente, dejando atrás las distorsiones de años previos.
Más "desregulaciones"
Más allá de los números fiscales, el acuerdo hace hincapié en las reformas de fondo. El staff del Fondo valoró los avances en la desregulación y la apertura económica, instando a profundizar los cambios que impulsen el empleo formal y la productividad. El foco estará puesto en sectores estratégicos donde Argentina posee ventajas competitivas claras: agricultura, energía, minería y economía del conocimiento.
Como hemos visto en recientes acuerdos de inversión en Vaca Muerta y los proyectos de GNL en Río Negro, la estabilidad regulatoria es la pieza clave que el FMI reclama para garantizar que el crecimiento sea sostenible. El Gobierno, por su parte, manifestó su compromiso total con las metas del programa y se mostró dispuesto a adoptar "medidas de contingencia" si las condiciones internacionales volvieran a tornarse adversas, reafirmando una interacción constructiva con el organismo que conduce Kristalina Georgieva.
