El presidente Javier Milei firmó este jueves un decreto para retirar al Estado nacional de la querella en la causa que investiga el préstamo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri y su ministro de Economía, Luis Caputo, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2018.
Lo hizo tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa. Así quedó plasmado en el Decreto 87/2026, publicado el jueves en un complemento del Boletín Oficial, con las firmas del mandatario libertario y de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
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"Derógase el artículo 1° del Decreto N° 239 del 8 de abril de 2021", indica el primer artículo del Decreto 87/2026 firmado por Milei y Cúneo Libarona, que significa dar marcha atrás con lo ordenado por el entonces presidente Alberto Fernández. Y en el segundo artículo, indica: "Instrúyese a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019".
La Causa N° 3561/2019, caratulada "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública", se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires y busca determinar a los presuntos responsables de los delitos de acción pública que podrían haber damnificado al Estado nacional.
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Los detalles del decreto
En 2021, Alberto Fernández instruyó a la Procuración del Tesoro a "iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal", y la Justicia la aceptó como parte querellante.
Cinco años después, todo eso quedó atrás. En el decreto firmado por Milei, se señala que "sin embargo, el 2 de febrero del corriente año, la jueza interviniente resolvió archivar la causa en cuestión, considerando que no se cometieron los delitos denunciados" y "advirtió que gran parte de los cuestionamientos planteados en las denuncias constituían discrepancias con las decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias".
"La Procuración del Tesoro ha expresado, luego de un análisis de las actuaciones, que la resolución dictada ha respetado formalmente los parámetros constitucionales del debido proceso y que se ha fundado en el derecho vigente y en los hechos comprobados de la causa mencionada precedentemente", agrega el documento, y concluye que "el Ministerio Público Fiscal es el que se encuentra en la mejor posición técnica para impulsar la investigación".
La Procuración del Tesoro de la Nación era querellante en la causa en la que se investiga si existieron los delitos de "violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" ante el megacrédito solicitado por el gobierno de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional (FMI) del cual se desembolsaron u$s 44.500 millones.
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El fiscal Picardi apeló el archivo y pidió seguir investigando el préstamo
La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, consideró el archivo de la misma pero esa decisión fue apelada por el fiscal Franco Picardi. La querella había sido impulsada por el gobierno de Alberto Fernández. El trasfondo del préstamo récord del FMI al gobierno de Mauricio Macri en 2018.
En junio de 2018, el gobierno de Mauricio Macri solicitó formalmente un auxilio financiero al FMI a través de una gestión conjunta entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. La respuesta fue un acuerdo Stand-By sin precedentes por u$s57.000 millones, monto equivalente a más del mil por ciento de la cuota argentina en el organismo. Tras el cambio de gobierno en 2019, se rechazó el tramo final del crédito, consolidando una deuda total de u$s44.500 millones que diversos sectores políticos consideran un perjuicio para el Estado.
La celeridad con la que se suscribió el préstamo, el más grande en la historia del organismo, fue señalada por presuntas irregularidades administrativas y falta de controles técnicos. Críticos y denunciantes sostienen que el FMI mostró una actitud complaciente, omitiendo normas de procedimiento interno que debían garantizar la transparencia del proceso.
