Este jueves, la Justicia de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva para Agostina Páez, la abogada argentina acusada de haber realizado gestos racistas a un empleado de un bar en Ipanema el 14 de enero. La medida representa un giro drástico en la situación procesal de la letrada de 29 años, quien hasta el momento se encontraba bajo libertad controlada.
Tras el anuncio, Páez publicó un video en su cuenta de TikTok expresando su desesperación: “Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”. En su descargo, la abogada cuestionó la necesidad del encarcelamiento preventivo alegando su cooperación: “En estos momentos recibí la notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”.
Los fundamentos del Juzgado: Intimidación y riesgo de fuga
El Juzgado Penal N°37 hizo lugar al pedido de la fiscalía tras evaluar que el comportamiento de la imputada podría interferir con la recolección de pruebas. Según la resolución oficial, “la imputada en libertad, en el presente momento, generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal, ya que podría intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente a las víctimas, para que no presten sus respectivos testimonios ante la justicia de manera imparcial”.
Además de la posible intimidación, el documento judicial señala que la acusada podría abandonar Brasil, lo cual “acarrearía consecuencias sumamente perjudiciales para el establecimiento de la verdad real”. Esta sospecha se basa, en parte, en la naturaleza de los hechos denunciados, los cuales han sido corroborados por el sistema de cámaras de seguridad del establecimiento y los testimonios de empleados y transeúntes.
Crónica de una noche de "injuria racial"
El episodio que derivó en su detención ocurrió el 14 de enero. Según la denuncia, tras un conflicto por la cuenta, Páez se refirió a los mozos con expresiones ofensivas, simulando un mono. Si bien ella argumentó que su reacción fue una respuesta a agresiones previas del personal —quienes presuntamente se reían de ella y sus amigas mientras “se agarraban los genitales”—, la investigación de la Policía Civil, cerrada el 23 de enero, concluyó que las pruebas eran contundentes en su contra.
Los fiscales destacaron la actitud de una de las acompañantes de la abogada, quien habría intentado detenerla. Sin embargo, la denuncia detalla que Páez continuó con las ofensas incluso fuera del local. A pesar de que los mozos le advirtieron en la calle que su conducta constituía un delito en Brasil, la abogada se habría dirigido nuevamente a la cajera del bar para decirle “mono” y repetir los gestos.
Para el Ministerio Público, las acciones de Páez “extrapolaron cualquier contexto de discusión o malentendido, golpeando directamente a la víctima con delitos de manera peyorativa y discriminatoria”. Bajo la actual legislación brasileña, la injuria racial es equiparable al racismo, lo que implica que es un delito inalienable y no prescribe, con penas que pueden alcanzar varios años de prisión efectiva.
