Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para expresar un "enérgico y categorico repudio institucional" a las declaraciones de la legisladora Lilia Lemoine contra Ian Moche, el joven influencer con autismo, y reclamarle que formule disculpas públicas y se retracte de manera expresa. La iniciativa sostiene que los dichos de la diputada constituyen una conducta discriminatoria, estigmatizante y negacionista de la discapacidad, además de ser "gravemente lesiva de los derechos fundamentales del niño".
Te puede interesar
Las declaraciones que encendieron la mecha se produjeron durante un debate televisivo en LN+ sobre el acceso a redes sociales para menores. En ese marco, Lemoine afirmó que la madre del niño "lo hace actuar de autista" y puso en duda su diagnóstico profesional, vinculando la actividad del joven con una supuesta "agenda del kirchnerismo" y el "wokismo". Estas afirmaciones, vertidas sin pruebas ni argumentos técnicos, fueron calificadas por los legisladores como una forma de violencia simbólica e institucional.
La validez del CUD frente al negacionismo
Uno de los puntos más sólidos del proyecto de resolución radica en la defensa de los instrumentos técnicos del Estado. Los legisladores recuerdan que Ian Moche cuenta desde febrero de 2020 con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras una evaluación interdisciplinaria. Este certificado tiene vigencia hasta 2030, lo que convierte a los dichos de la diputada en una negación pública de un acto administrativo oficial.
El proyecto fue firmado por una coalición diversa que incluye a:
-
Marcela Pagano (Coherencia) y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas).
-
Gisela Scaglia y Esteban Paulón.
-
Cecilia Moreau, Sabrina Selva y Germán Martínez (Unión por la Patria).
Todos coincidieron en que "la política no habilita a atacar a un niño, y mucho menos a un niño con discapacidad", subrayando que la inmunidad de opinión de los legisladores tiene límites cuando colisiona con la dignidad y la integridad psíquica de las personas, protegidas por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El antecedente judicial y el rol del Ejecutivo
El episodio no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de tensiones previas entre el activismo por la discapacidad y el núcleo duro del oficialismo. En agosto del año pasado, la familia de Ian Moche apeló una decisión del juez federal Alberto Osvaldo Recondo, quien había fallado a favor del presidente Javier Milei en una causa por publicaciones en la red social X.
En aquella oportunidad, el Presidente había señalado al niño como parte del "lado de los kukas", acusándolo de operar políticamente. Según expuso la familia, este tipo de señalamientos desde el poder generaron una ola de mensajes de odio y el doxing de datos sensibles del menor, como su domicilio y escuela. El actual proyecto de resolución busca que los hechos pasen a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para evaluar posibles sanciones disciplinarias contra Lemoine, en un intento por sentar un precedente sobre la responsabilidad discursiva de los funcionarios públicos.
