El Gobierno nacional autorizó este viernes la venta del 100% de las acciones de Energía Argentina SA. (Enarsa), en CITELEC S.A., empresa controlante de Transener, responsable de la transmisión eléctrica en todo el país. De esta forma, la administración que preside Javier Milei continúa rematando el país tras concretar, a principios de febrero, la venta de IMPSA.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 286/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. El proceso de privatización se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio, tal como se había dispuesto en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
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En la primera etapa, se autoriza la venta del 100% de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., empresa controlante de Transener, responsable de la transmisión eléctrica en todo el país.
En línea con lo dispuesto, la venta se realizará a través de un concurso público de alcance nacional e internacional, invocando los artículos 17 y 18 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado.
El Gobierno resolvió no aplicar las preferencias que prevé el artículo 16 de la Ley 23.696, lo cual excluye del proceso de adquisición cualquier trato diferencial para actuales accionistas, como Pampa Energía, ni para trabajadores de Enarsa. Pampa, empresa controlada por Marcelo Mindlin, posee el otro 50% de Citelec, pero pese a su participación no tendrá prioridad para adquirir las acciones en venta.
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La justificación del Gobierno para desprenderse de Enarsa
Desde el Ejecutivo afirmaron: "Durante años, ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración. Este proceso apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica".
Por este motivo, la medida busca "mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos", resaltando que "el sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación".
"El Estado se enfoca en lo que debe hacer: organizar, regular y cuidar el buen funcionamiento del sistema energético. Este es un paso concreto hacia una Argentina más moderna, más eficiente y con mejores servicios para su gente", expresaron desde el Gobierno.
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La privatización, cada vez más cerca: el Gobierno intervino la empresa Corredores Viales
El Gobierno intervino la empresa estatal Corredores Viales S.A. Según las autoridades, la reorganización será un paso previo a la privatización.
La medida fue oficializada mediante el decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial, tras el aval del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según el documento, la intervención será por tiempo indefinido, amparada en la Ley N.º 27.742. La decisión se da un mes después de que se autorizara el proceso de privatización de las rutas nacionales.
“Resulta adecuada la adopción de medidas urgentes tendientes a llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación actual de la sociedad y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el referido proceso de privatización sin comprometer las obligaciones contractuales asumidas por esa empresa”, indican los considerandos del decreto.
La compañía, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar bajo el control de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem. La funcionaria asumirá las facultades del Directorio y de su presidente, además de atribuciones específicas detalladas en el decreto.
Entre sus responsabilidades, Adem deberá realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención, evaluar el estado financiero y operativo de la empresa, presentar una rendición de cuentas detallada y elaborar un plan de acción para su reformulación, que podrá incluir modificaciones al estatuto y deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía.
También se revisará la administración de compras y contrataciones, se auditará el estado de los corredores viales y se operará la sociedad durante el período de transición hasta su disolución y liquidación. La interventora tendrá facultades exclusivas para representar la sociedad y podrá designar o remover personal.
La empresa registró un saldo negativo en 2023, con deuda con proveedores por $142.000 millones, pérdidas acumuladas por $268.000 millones y aportes del Tesoro Nacional por $301.000 millones.
