El Gobierno desreguló los aranceles de los colegios privados. Lo hizo este martes, al derogar el Decreto 2417/1993, que regulaba desde hace más de 30 años el vínculo entre el Estado y los institutos de enseñanza de gestión privada en todo el país.
La medida - tomada en vísperas de un paro universitario por 72 horas- fue formalizada a través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y supone un cambio profundo en el esquema de supervisión de precios que regía para matrículas y cuotas escolares. A partir de ahora, los establecimientos privados podrán fijar libremente los valores, sin necesidad de obtener autorización previa ni comunicar los montos con antelación al Estado nacional.
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“Corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”, sostiene el decreto.
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¿Qué establece el decreto?
A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se dio de baja el decreto 2417/93. Esta norma complementaba el marco que regulaba la educación pública de gestión privada.
De este modo, se eliminan las siguientes pautas para los establecimientos de enseñanza de gestión privada:
• Ya no necesitarán obtener la autorización estatal previa para modificar los montos de las cuotas y la matrícula.
• Podrán ajustar sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, adaptándose a las fluctuaciones del mercado.
• No tendrán que comunicar los montos de matrícula y cuotas con una anticipación considerable.
El Gobierno también enfatizó que los establecimientos privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal”, en defensa del derecho de propiedad. Según la visión oficial, la rigidez de los controles podría incluso “afectar la calidad educativa”, al impedir que los colegios respondan con agilidad a los incrementos de costos de insumos y salarios.
Por último, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, considerado la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada. El objetivo es avanzar hacia un esquema que resguarde el principio de libre contratación y “permita a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y compensaciones en un marco de competencia leal y conforme a las demandas del mercado”.
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La justificación del Gobierno para desregular los aranceles de los colegios privados sin aporte estatal
El Gobierno desreguló los aranceles de las entidades de educación privada sin aporte estatal y les permite a los colegios fijar cuotas y matrículas según sus costos y geografía. Esto lo hicieron porque, según plantearon, el anterior sistema que fijaba los valores de las cuotas de los colegios privados que debía contar con la autorización del Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos”.
Además, sostuvieron que este mecanismo de fijación de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”.
Y sumaron que creaba “una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
