La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires lanzó una campaña para informar a los conductores sobre sus derechos al momento de renovar la licencia y aclaró en qué casos una multa de tránsito puede convertirse en un impedimento.
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El organismo explicó que la emisión de un acta no alcanza para considerar que una persona tiene una sanción firme. La infracción abre un procedimiento administrativo que debe respetar distintas instancias antes de que pueda exigirse su pago.
En primer lugar, el conductor debe ser notificado formalmente. A partir de esa comunicación, tiene derecho a conocer la acusación, presentar un descargo, ofrecer pruebas y cuestionar la infracción si considera que fue confeccionada de manera incorrecta.
Luego, el Juzgado de Faltas correspondiente debe analizar el caso y dictar una resolución. Recién cuando esa decisión queda firme, la multa puede ser considerada una sanción definitiva y generar consecuencias para la renovación del carnet.
Por lo tanto, las infracciones que continúan en trámite, están pendientes de resolución o todavía pueden ser discutidas no deberían utilizarse como argumento para impedir que una persona renueve su licencia de conducir.
La situación es diferente cuando existe una sentencia firme. En esos casos, según recordó la Defensoría, el conductor deberá regularizar la deuda y cumplir con la sanción impuesta antes de completar el trámite.
Qué hacer si rechazan la renovación
Si un municipio se niega a renovar la licencia debido a multas pendientes, el conductor debe solicitar que la decisión y sus fundamentos sean entregados por escrito.
Ese documento deberá precisar cuáles son las infracciones observadas y explicar por qué se considera que representan un impedimento. La constancia permitirá conocer si las multas tienen sentencia firme o si todavía permanecen en trámite.
La Defensoría recomienda no quedarse únicamente con una negativa verbal. También resulta conveniente conservar los comprobantes del turno, las notificaciones recibidas y cualquier documentación relacionada con las infracciones cuestionadas.
Con esos elementos, la persona podrá recurrir al organismo para recibir asesoramiento y acceder a un modelo de descargo. La intervención dependerá de las particularidades de cada expediente y del estado administrativo de las multas.
El planteo ya había sido realizado por la Defensoría en resoluciones anteriores. En 2023, el organismo volvió a reclamar que se permita renovar las licencias cuando las infracciones registradas todavía no cuenten con una sentencia firme.
La campaña busca evitar que una acusación administrativa pendiente sea tratada automáticamente como una condena y garantizar el derecho de los conductores a ejercer su defensa antes de afrontar una sanción.
