En medio de la caída del consumo, los despidos y la pérdida de poder adquisitivo, un nuevo capítulo de tensión se abrió entre choferes y propietarios por el pedido de aumento de tarifas.
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Mientras la Unión de Propietarios de Auto Taxis (UPAT) solicitó al Concejo Deliberante un incremento del 16,6% en las tarifas, la Asociación Taxistas 7 y 51 —que agrupa a choferes dentro de la CTA Autónoma— respondió con un fuerte rechazo. Consideran que un aumento en este contexto no solo es inviable para los usuarios, sino también perjudicial para quienes manejan las unidades.
"Estamos convencidos de que la recesión con inflación que impone este gobierno, sumada al congelamiento salarial, los tarifazos y la competencia desleal de plataformas como Uber y Didi, está empujando al sector hacia una crisis terminal", advirtió Lucas Guzmán, presidente de la Asociación. En una nota enviada al Concejo, la agrupación de choferes advirtió que el aumento “achicará aún más el mercado” y hará que menos personas puedan usar el servicio, agravando la precarización del trabajo.
La disputa no es solo económica, sino política: los choferes piden una intervención más firme del municipio, con controles reales y un compromiso del Ejecutivo local para evitar que las decisiones terminen siempre beneficiando a los dueños de los autos. “Los trabajadores quedamos en el medio de una disputa por tarifas, sin garantías, sin ingresos estables y sin apoyo ante el avance de las aplicaciones”, señalan.
En paralelo, el debate por la obsoleta Ordenanza N° 4.455 —que regula la actividad desde 1978— también gana espacio. Varias entidades del sector proponen actualizarla para establecer aumentos automáticos cada tres meses, según la inflación oficial, y cortar con las negociaciones políticas ocasionales. Además, proponen impedir tarifas paralelas y asegurar que las licencias que se den de baja sean transferidas a choferes activos, priorizando el trabajo por sobre la especulación.
En definitiva, lo que se refleja en el conflicto por el aumento de tarifas es algo más profundo: un sector quebrado por la crisis económica nacional, atrapado entre la desregulación, la caída de la demanda y una interna feroz que pone en riesgo la sostenibilidad del taxi como servicio público.
