La resolución del TOC II, firmada este viernes, cumple con una cadena de fallos judiciales previos —incluido el reciente rechazo de la Suprema Corte bonaerense a una queja presentada por la madre de la víctima— y se alinea con lo dictaminado en enero por la Sala III de la Cámara Penal, por mandato del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Así, se habilita que Alvite continúe su proceso judicial desde su casa, en lugar de permanecer detenida en una unidad penitenciaria.
Te puede interesar
La noticia causó conmoción no solo por el trasfondo del caso, sino por el mensaje que transmite. La joven, que se hacía llamar “La Toretto” en alusión al personaje temerario de la saga Rápido y Furioso, se mostraba públicamente en redes sociales glorificando la velocidad y la conducción temeraria. Para muchos, ese comportamiento fue un claro indicio de una actitud negligente, casi celebratoria del riesgo, que terminó cobrándose una vida.
La familia de Walter Armand expresó su profundo dolor y rechazo ante la medida. "Nos vuelven a matar", fue una de las frases que circularon entre los allegados, quienes continúan reclamando justicia y una sanción ejemplar. Pero la indignación también crece entre asociaciones de víctimas de tránsito, que denuncian la falta de firmeza del sistema judicial frente a conductas que ponen en riesgo la vida de terceros. “¿Qué mensaje se da a la sociedad cuando alguien puede atropellar y matar, y esperar el juicio desde su casa?”, cuestionan.
Desde la defensa, el abogado Flavio Gliemmo argumentó que su clienta “siempre se ajustó a derecho”, que no existe riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecimiento del proceso. Pero para muchos, esas explicaciones no alcanzan. Porque detrás de las palabras legales hay una realidad que golpea fuerte: una vida perdida, una familia destrozada, y un sistema que parece más dispuesto a proteger al victimario que a resguardar la memoria de quienes ya no están.
La causa de Walter Armand ya no es solo una tragedia individual, sino un símbolo del reclamo colectivo por una justicia que tome con la seriedad que corresponde los delitos viales. Porque no se trata de accidentes inevitables: se trata de decisiones irresponsables que matan. Y de un Estado que, al mirar para otro lado, se vuelve cómplice.
