En Argentina, más de cinco millones de jubilados sobreviven en condiciones que rozan lo inhumano. La mayoría percibe el haber mínimo, y ya no puede afrontar ni siquiera los gastos esenciales de luz, gas y agua. La situación es tan grave que, según un informe de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), hoy se encuentran en situación de pobreza energética, una forma cruel y silenciosa de exclusión que se intensifica con cada medida de ajuste impulsada por el Gobierno.
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Un ajuste brutal sobre los más vulnerables
El informe, elaborado entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, pone cifras al drama: mientras el haber mínimo aumentó un 180,5% (de $105.713 a $296.482), las tarifas de los servicios públicos escalaron un 430% en 2024 y un 7,2% adicional en el primer trimestre de 2025, según datos del INDEC.
En términos concretos, los jubilados hoy deben destinar un 10,5% de sus ingresos sólo a pagar luz, gas y agua, el triple de lo que se considera sostenible según estándares internacionales. En diciembre de 2023 ese porcentaje era del 6,2%. Hoy, ya ingresaron de lleno en la categoría de “pobreza energética”.
Tarifas impagables para quienes lo dieron todo
El desmesurado aumento de tarifas ilustra una política que parece castigar directamente a los adultos mayores:
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Electricidad: de $1.227 en diciembre de 2023 a $7.437 en mayo de 2025 (+506%).
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Gas natural: de $1.488 a $7.056 (+374%).
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Agua (AYSA): de $3.816 a $16.732 (+338%).
El total del gasto en servicios básicos pasó de $6.532 a $31.225 mensuales. Una cifra imposible de sostener para quienes viven de un haber mínimo. Y a esto hay que sumarle gastos como medicamentos, que se incrementaron un 172% interanual en marzo, así como telefonía, internet y televisión, que suman otros $20.000 mensuales como mínimo.
El abandono como política de Estado
"Cuando el gasto en servicios públicos supera el 10% del ingreso, se considera que hay pobreza energética", advierte el informe de Deuco. Pero para los jubilados argentinos, la pobreza no es solo energética: es estructural, es alimentaria, es sanitaria, y sobre todo, es el resultado directo de decisiones políticas que los empujan a la marginalidad.
Pedro Bussetti, presidente de Deuco, fue claro en diálogo con El Destape: “El haber mínimo ya no alcanza para sostener la vida digna de un adulto mayor. El gasto fijo es inmanejable. Se recorta la cobertura de medicamentos del PAMI, los alimentos aumentan sin control, y los servicios públicos se vuelven un lujo. La vejez, bajo este modelo, se volvió una condena”.
La crueldad disfrazada de orden
El ajuste, lejos de ser abstracto, tiene rostro: el del jubilado que no puede prender la estufa en invierno, que raciona medicamentos, que come menos para pagar la factura del gas. Esta violencia no es simbólica ni retórica: es concreta, cotidiana, y dirigida contra quienes más necesitan cuidado.
Mientras se habla de libertad, el Estado se desentiende de su obligación más básica: proteger a sus mayores. Lo que estamos viendo no es austeridad, es abandono. Y ante eso, como sociedad, no podemos mirar para otro lado.
