El pasado 15 de abril, la Municipalidad de General Pueyrredon, bajo la gestión del intendente interino Agustín Neme y con el respaldo político de Guillermo Montenegro, notificó de la peor manera a los feriantes de la "Saladita de la Bristol": con el ruido ensordecedor de las máquinas retroexcavadoras en plena madrugada. En un operativo que comenzó cuando la ciudad dormía, el ejecutivo local avanzó con la destrucción total de los puestos de trabajo, sin ofrecer alternativas de relocalización y dejando a más de 300 familias sin su único sustento diario.
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El "método" del miedo: oscuridad y despliegue militarizado
El despliegue de las fuerzas de seguridad fue, por lo menos, desproporcionado. Efectivos de la Prefectura Naval y personal de Inspección General cercaron la zona de la Rambla como si se tratara de un operativo contra el crimen organizado o el narcotráfico. Sin embargo, el objetivo eran hombres y mujeres que, en muchos casos, llevaban más de dos décadas trabajando en ese sector de la costa marplatense.
Para el municipio, el operativo se traduce en "recuperar el espacio público" y "embellecer la postal para el turismo". Pero para los laburantes, fue una emboscada planificada. Sin instancias previas de diálogo y sin haber agotado las vías administrativas, el rugido de la maquinaria pesada convirtió en astillas el esfuerzo de toda una vida.
La gravedad institucional de lo ocurrido escala a medida que se conocen los detalles judiciales. Desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA), la respuesta fue una denuncia contundente por abuso de autoridad e ilegalidad. Según los asesores legales del gremio, la orden emitida por el Juzgado Federal era exclusivamente para realizar un allanamiento vinculado a la Ley de Marcas. Es decir, la justicia autorizaba a revisar la mercadería, no a destruir el predio.
"Fue una maniobra ilegal de marketing político", dispararon desde la conducción gremial. Al parecer, el municipio aprovechó la presencia de las fuerzas federales para ejecutar un desalojo de facto y la demolición total de las estructuras sin contar con una orden judicial de lanzamiento que avalara semejante destrucción. Este vacío legal pone al Ejecutivo local en una posición delicada: la gestión de Montenegro se habría llevado puesta la propia legalidad del procedimiento, un error que, de confirmarse en la justicia, terminarán pagando todos los marplatenses con sus impuestos ante las inminentes demandas civiles.
Desocupación y miseria: el saldo humano detrás de la foto
Mar del Plata lidera sistemáticamente los rankings de desempleo y trabajo informal en el país. En este contexto, la "Saladita" de la Bristol funcionaba como un pulmón económico para cientos de familias que no encuentran lugar en el mercado formal. Se estima que el operativo dejó pérdidas materiales que superan los 500 millones de pesos. Esa cifra representa ahorros, mercadería comprada con préstamos y estructuras que eran el capital de trabajo de personas que hoy están en el abismo absoluto.
Lo que más afecta es la falta de humanidad en el trato. No hubo un censo previo, no hubo una propuesta de relocalización en predios municipales, ni siquiera se les permitió a los feriantes retirar sus pertenencias de manera ordenada. Detrás de cada puesto destruido hay hijos que alimentar, alquileres que pagar y una realidad social que no se soluciona barriendo a la gente debajo de la alfombra.
Este episodio no es un hecho aislado, sino la consolidación de un modelo de ciudad que parece gestionarse más para el "afuera" que para el vecino que la camina todo el año. Es la política del maquillaje urbano: se prioriza la estética de una baldosa por sobre la urgencia de una familia que no llega a fin de mes. Mientras el municipio gasta recursos millonarios en operativos de despliegue cinematográfico para "limpiar" la zona turística, los problemas estructurales de los barrios periféricos siguen esperando una respuesta que nunca llega.
Gobernar por y para la foto tiene un costo social que la gestión de Montenegro parece estar dispuesta a pagar, pero que la ciudad no puede resistir mucho más. La Rambla ahora luce despejada para el lente de las cámaras porteñas, pero esa limpieza es superficial: detrás queda el vacío de 300 familias desplazadas y un conflicto que lejos de solucionarse, se profundiza.
