En la última semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación sorprendió con la decisión unánime de aceptar el per saltum y decidir, aún previamente a las instancias en las que les correspondería, si valida o no los desplazamientos que el Senado votó a los tres jueces que el macrismo había designado de forma irregular y sin aprobar sus pliegos: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Lo curioso de esta actitud es que avalan una posible "gravedad institucional" los mismos cinco jueces que hicieron oídos sordos a muchísimos avasallamientos claros a las instituciones durante cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. ¿La mesa judicial de Cambiemos se puede anotar un éxito? Eso parece. 

Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, no hace ningún esfuerzo por disimular su simpatía con el principal partido opositor. De hecho, buscó rosquear lo máximo posible y negociar durante días para permitir la decisión unánime. Un dato relevante: Macri intentó meterlo en el máximo tribunal por decreto. El ex abogado del Grupo Clarín parece estar devolviendo los favores y alimentando una frase de un reconocido oficialista: "Abogado de Clarín no dejas de ser nunca, por más que ya no trabajes para ellos legalmente". 

Si bien dentro del oficialismo dan el pie a que la Corte todavía no emitió un fallo y aseguran esperar una determinación favorable, hay dos cuestiones al corto plazo que deben ser seguidas de cerca. Por un lado, las presiones sobre el Poder Judicial para que dictamine tal cual los intereses de los poderes fácticos del país -que no son precisamente quienes gobiernan-. Las marchas en la puerta de la casa de Ricardo Lorenzetti, fomentadas por una legisladora que le responde a Elisa Carrió, la presión mediática y las marchas en la puerta de Tribunales de Los ¿Defensores? de la República están a la vista de todos. 

Por otro lado, el trabajo en tándem que hacen Juntos por el Cambio y Rosenkrantz, que hace volver a instalar las sospechas del "Partido Judicial". En los últimos días se reflotó la idea del juicio político al presidente de la Corte por su intervención en el fallo del 2x1 que le otorgaba beneficios a represores de la última dictadura. El hecho sucedió en 2017, fue presentado por una legisladora en aquel momento y se reflotó días antes de la puesta en marcha del per saltum. Sin embargo, el poder mediático y Juntos por el Cambio insistieron en asociarlo. Un hecho tan irreal como peligroso.

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos muchas de las decisiones que pueden jugar un rol fundamental en el avance del gobierno. La devolución de un porcentaje de la coparticipación de CABA a Provincia de Buenos Aires, el inminente aporte extraordinario, obligatorio y solidario de las grandes fortunas y todas las medidas que un partido opositor está dispuesto a judicializar tras no aceptar su derrota en las urnas. ¿La férrea oposición a la Reforma Judicial habrá tenido que ver con esto? Cuando los argentinos reclaman mejores instituciones, apuntando a la política, quizás deban notar que el principal problema no está ahí y que sus ojos tienen que estar en el poder que tiene la decisión final sobre muchísimas cuestiones que afectan sus intereses y son los únicos que no se eligen mediante la voluntad popular.