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Alertan que el Gobierno pretende aplicar un impuesto encubierto del 3,4% en las tarifas eléctricas

La diputada nacional Jimena López denunció que, a través de una resolución administrativa, el Gobierno busca habilitar un sobrecargo que funcionaría como un tributo encubierto. Comenzaría a regir en 2026 y afectaría a millones de hogares, sin debate parlamentario ni audiencia pública.

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 13 17

Por Redacción

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 13:17

La diputada nacional Jimena López (Frente Renovador) denunció que el Gobierno nacional busca introducir un impuesto encubierto del 3,4% en las tarifas eléctricas, una medida que impactaría en todos los hogares y que comenzaría a regir a partir de 2026. La advertencia fue realizada en el marco de la consulta pública abierta por el Poder Ejecutivo para redefinir el esquema de subsidios energéticos y los precios mayoristas de la energía.

Según explicó la legisladora, a través de una resolución administrativa el Ejecutivo habilitaría que millones de usuarios pasen a pagar el 103,4% del Precio Estacional de la Energía (PEST). “Pagar más del 100% del costo real no es tarifa: es sobrecargo”, sostuvo López en un hilo publicado en su cuenta de X, donde cuestionó con dureza el nuevo diseño oficial. En ese sentido, advirtió que ese 3,4% adicional “ya suena a dinero mal logrado” y alertó sobre antecedentes similares que luego derivaron en cargos permanentes dentro de la boleta.

Un rediseño de subsidios que esconde un sobrecargo

“No se trata de un simple reordenamiento de subsidios, sino de la instalación de un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas”, afirmó la diputada. De acuerdo con su análisis, el Gobierno justifica el adicional bajo argumentos vinculados a costos fijos, infraestructura y eficiencia, pese a que ya existen cargos específicos destinados a obras. “Quieren sumar un ‘plus’ escondido”, denunció.

La resolución en consulta no sólo redefine quiénes accederán a subsidios, sino que además fija el sendero de los precios mayoristas de referencia de la energía. El esquema oficial propone reducir el sistema a apenas dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. En la práctica, esto implica un recorte significativo del universo alcanzado por la ayuda estatal.

Millones de hogares, sin subsidios

Según el diseño planteado por el Ejecutivo, sólo mantendrán el subsidio aquellas familias con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, que hoy equivalen a $3.641.397 mensuales, y que además cumplan con determinados criterios patrimoniales. “El Gobierno anuncia que siete millones y medio de hogares van a pagar sin subsidios. Pero cuando leés los documentos, lo que hacen en realidad es redefinir qué significa ‘no estar subsidiado’”, explicó López.

En el caso de la electricidad, la diputada detalló que el esquema establece topes de consumo más bajos. El subsidio del 50% sólo se aplicará hasta 300 kWh en los meses pico y 150 kWh el resto del año. Todo consumo excedente será facturado al 103,4% del precio, consolidando así el sobrecargo cuestionado.

Críticas a la falta de debate democrático

Otro de los ejes centrales de la denuncia apunta al procedimiento elegido por el Gobierno. López cuestionó que una consulta online de apenas 15 días, de carácter técnico y no vinculante, pretenda reemplazar instancias fundamentales como una audiencia pública, el debate en el Congreso y el control ciudadano real.

“Las tarifas no pueden usarse para crear impuestos encubiertos ni para ajustar en silencio. La energía es un derecho básico, no la caja negra del ajuste”, sostuvo la legisladora, quien presentó observaciones formales dentro del proceso de consulta y reclamó que cualquier modificación del régimen de subsidios y tarifas sea discutida y aprobada por el Congreso de la Nación.

Exigencias y advertencias

Desde el Frente Renovador, López adelantó que insistirá en una serie de reclamos: transparencia en la boleta, debate parlamentario, y criterios de federalismo y equidad tarifaria. Además, convocó a la ciudadanía a participar del proceso de consulta pública y a expresar su opinión ante el Ministerio de Economía.

La advertencia se inscribe en un contexto de ajuste tarifario sostenido, donde la eliminación de subsidios y el encarecimiento de los servicios públicos se convirtieron en una de las principales herramientas del Gobierno para reducir el gasto fiscal. Para la diputada, sin embargo, el nuevo esquema va un paso más allá: transforma la tarifa en un mecanismo de recaudación encubierta, con impacto directo sobre millones de hogares en todo el país.

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