El Presupuesto 2026, recientemente sancionado, refleja un cambio drástico en el financiamiento de las políticas de prevención y combate de incendios. Según alertó el diputado de Unión por la Patria, José Glinski, la partida asignada al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) será de $20.131 millones, lo que representa una caída real del 69% en comparación con 2023 y del 53,6% respecto al año anterior.
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Esta reducción de recursos se traduce en una merma operativa crítica: las horas de vuelo proyectadas para el combate de llamas cayeron de 5.100 en 2023 a solo 3.100 para este año. Asimismo, se prevé una disminución en la generación de informes de alerta temprana y evaluación de peligro, pasando de 2.310 documentos anuales a apenas 1.850.
Conflicto con los Bomberos Voluntarios y deudas acumuladas
La falta de financiamiento ha generado una parálisis en la movilización de recursos humanos hacia las zonas críticas de Chubut. Representantes del Sistema Nacional de Asociaciones de Bomberos Voluntarios denunciaron que el Gobierno nacional aún adeuda la mitad de los fondos correspondientes a 2025, los cuales provienen de una alícuota sobre primas de seguros según la Ley 25.054.
Gabriel Sandoval, presidente de bomberos de Lanús Oeste, explicó que el sistema no se está desplazando hacia el sur porque el Ejecutivo se niega a cubrir los gastos de estadía de los efectivos. Esta situación de desfinanciamiento ocurre mientras la cifra de evacuados en la Patagonia ya supera las 3.000 personas, evidenciando una desconexión entre la emergencia territorial y la ejecución de fondos.
Proyecto de Emergencia Ígnea y Ambiental
Ante la magnitud del desastre en Chubut y la amenaza sobre Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, la oposición ha solicitado la declaración del “Estado de Emergencia Ígnea y Ambiental” por un plazo de 180 días. El proyecto de ley presentado por Glinski busca garantizar la asistencia financiera directa a los municipios y comunas rurales, la reconstrucción de infraestructura dañada y el apoyo económico a los productores locales afectados.
La iniciativa parlamentaria pretende forzar una reasignación de partidas para el SNMF, que desde 2024 dejó de orbitar en el área de Ambiente para ser absorbido por el Ministerio de Seguridad bajo la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.
