El juez federal Julián Ercolini embargó e inhibió los bienes de 18 ex directivos del Banco Nación y empresarios de Vicentin por presunto fraude millonario al Estado durante el gobierno de Mauricio Macri.
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La medida alcanza, entre otros, al expresidente del banco Javier González Fraga y al exvicepresidente Lucas Llach, así como a gerentes y síndicos de la entidad y a autoridades del Grupo Vicentin.
También están imputados los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce.
Entre los ex funcionarios del Banco, Ercolini también trabó embargo e inhibió los bienes de Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y Alejandro Fabián Díaz (síndico).
Los miembros de la empresa involucrados son: Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo (director), Roberto Oscar Vicentin (director) y Máximo Javier Padoan (director).
El fallo sostiene que, entre agosto y diciembre de 2019, habrían permitido una defraudación al Banco Nación por unos 304 millones de dólares, mediante créditos irregulares y operaciones que beneficiaron a la cerealera. También cuestiona que el banco no intimó a la empresa por deudas vencidas y que autorizó transferencias por más de 43 mil millones de pesos desde cuentas sin facultades para cobrarse.
La Justicia investiga una actuación coordinada para otorgar 28 préstamos por 105,5 millones de dólares y asegurar el provecho del delito, contemplando futuros decomisos, multas y la reparación del daño. El economista Claudio Lozano liga el caso a la relación política entre Vicentin y Macri y afirma que se permitió a la firma disponer de 791 millones de dólares en garantía, lo que habría facilitado la estafa al Estado.
Ercolini entendió que existió una actuación coordinada para asegurar el “provecho del delito”, por lo que el embargo se fijó contemplando eventuales decomisos, multas y la reparación del daño al Estado nacional.
