El juez federal Daniel Rafecas archivó las denuncias impulsadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, al considerar que no existió delito alguno. “Ni injuria, ni calumnia. Solo libertad de expresión”, sentenció en su fallo, que resguarda el derecho constitucional a opinar sin miedo a represalias judiciales.
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El primer expediente se originó tras la emisión del programa Odisea Argentina, el 28 de abril en LN+. Durante esa transmisión, Pagni trazó un análisis sobre el liderazgo de Milei, que el Presidente interpretó como una insinuación de paralelismo con el ascenso de Adolf Hitler. Sin mayores fundamentos, decidió recurrir a los tribunales con la intención de iniciar una causa penal por esas expresiones.
Sin embargo, Rafecas fue categórico al desestimar la denuncia. “No se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante”, explicó. Y dejó en claro que las declaraciones de Pagni no constituyen más que parte del debate político, amparado por el ejercicio periodístico. “Emitir críticas fuertes forma parte del rol de la prensa”, remarcó.
Días después, el presidente repitió el esquema con una nueva denuncia, esta vez contra Ari Lijalad, por una columna publicada en El Destape el 4 de mayo, titulada: “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”. Otra vez, Rafecas rechazó el planteo. Sostuvo que no hay figura penal en juego, y que el contenido del artículo forma parte del derecho a la libre expresión, incluso cuando moleste al poder.
Ambos fallos destacan que el ejercicio de la libertad de prensa no puede ser criminalizado por quienes ocupan cargos públicos. De hecho, Rafecas citó el fallo “Kimel vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los funcionarios deben tolerar un mayor grado de crítica por su rol en la vida pública.
Pero además, el juez dejó una advertencia de peso: judicializar opiniones periodísticas “podría lesionar la esencia misma de la democracia y el derecho a la información”. Ese señalamiento cobra especial relevancia en un contexto político donde el oficialismo intenta desacreditar, hostigar y denunciar a periodistas que no se alinean con su relato.
La Justicia, en este caso, actuó como límite institucional frente a un nuevo intento de censura. Un mensaje claro: en democracia, disentir no es delito.
