La Justicia laboral suspendió este lunes los artículos centrales del DNU 340/2025 impulsado por el gobierno de Javier Milei para limitar el derecho a huelga.
La jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y frenó los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto, al considerar que la reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, sino a través de una ley sancionada por el Congreso.
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La decisión, en tanto, representa un revés para el Gobierno de Javier Milei, que había planteado una reforma profunda en el derecho a huelga, endureciendo las condiciones para declarar medidas de fuerza y restringiendo su alcance.
Según planteó la CGT, el DNU cercena derechos constitucionales y viola tratados internacionales suscriptos por la Argentina que tienen rango constitucional.
Desde el Gobierno no emitieron comentarios oficiales tras la medida judicial. Sin embargo, en Casa Rosada no descartan apelar el fallo y llevar la discusión a instancias superiores.
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Los detalles del fallo judicial
El escrito presentado por la central obrera especifica que “la modificación del derecho a huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, requiere un debate parlamentario”. De esta manera, la decisión advierte que el DNU avanza sobre competencias exclusivas del Congreso.
Por otro lado, la CGT alertó sobre el impacto negativo que la normativa podría tener sobre la libertad sindical y la negociación colectiva en el país.
La resolución de la jueza Fullana establece que el freno a los artículos 2 y 3 del DNU será provisorio, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Así, seguirá vigente la legislación actual sobre derecho a huelga en Argentina.
El fallo judicial ocurre en un contexto de alta conflictividad laboral, con paros y movilizaciones convocados por las centrales obreras en rechazo al ajuste fiscal y las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
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¿Qué pasaba con el DNU 340/2025?
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El decreto limitaba el derecho a huelga, estableciendo condiciones más estrictas para convocar medidas de fuerza en sectores considerados "esenciales" o de "interés estratégico".
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Redefinía los servicios esenciales, incluyendo áreas como transporte y educación, lo que ampliaba las restricciones a la huelga.
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La CGT y organizaciones de derechos humanos denunciaron la inconstitucionalidad del decreto por afectar derechos fundamentales.