El avance de las llamas en la Comarca Andina, que ya han devastado más de 12.000 hectáreas, desató una fuerte polémica política. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, se difundieron versiones que vinculan los focos ígneos con "grupos terroristas autodenominados mapuches", calificando el desastre como un caso de "terrorismo ambiental".
Sin embargo, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, desmintió categóricamente estas afirmaciones. “Descartamos de plano las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados”, sostuvo el funcionario, quien además pidió evitar especulaciones que no se sustentan en las pruebas recolectadas hasta el momento.
La investigación judicial se centra actualmente en pruebas materiales y testimoniales recopiladas en el terreno. El fiscal confirmó que “nuestro perito detectó la presencia de acelerantes como combustibles en el lugar donde se habría iniciado el fuego”, lo que ratifica la intencionalidad del hecho pero aleja la teoría de una organización criminal detrás del mismo.
Díaz Mayer describió al sospechoso no como parte de una célula radicalizada o de intereses inmobiliarios, sino como “un loco y un criminal”. La complejidad de la causa radica en la masividad de personas presentes en la zona durante el inicio del siniestro: solo en Puerto Patriada se contabilizaron 3.000 personas y 800 vehículos, lo que obliga a los investigadores a filtrar una enorme cantidad de datos.
Penas previstas y nuevas líneas de investigación
A pesar de descartar la pista mapuche, la Justicia incorporó un elemento reciente a la causa: una amenaza recibida por el Cuartel de Bomberos de Epuyén en el mismo momento en que se iniciaba el fuego. Con más de 50 intervenciones policiales realizadas para descartar sospechosos, el fiscal advirtió sobre la gravedad de las consecuencias legales para el responsable.
“Podría llegar hasta los 20 años de prisión si se comprueba el delito doloso”, señaló, destacando el daño irreparable al medio ambiente y a la sociedad. Mientras tanto, el despliegue de 300 brigadistas nacionales continúa operando en la zona, bajo un clima de alivio parcial gracias a las lluvias pero condicionado por reclamos salariales del sector de Parques Nacionales.
