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El Gobierno de Javier Milei oficializó la licitación para privatizar Intercargo, la empresa de rampas en aeropuertos

Se busca privatizar totalmente la empresa mediante una licitación pública nacional e internacional.

Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 09 32

Por Thomas Dos Reis

Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 09:32

El Gobierno de Javier Milei lanzó una licitación pública nacional e internacional para la privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país.

La medida fue oficializada este jueves a través de la resolución 282, publicada en el Boletín Oficial, donde también se estableció el precio base para las ofertas en US$45.120.000. “Se autorizó la privatización total de Intercargo S.A.U. mediante la venta del cien por ciento (100%) del paquete accionario de titularidad del Estado Nacional, mediante licitación pública de alcance nacional e internacional”, indica el texto oficial.

La venta total del paquete accionario de la empresa estatal que presta servicios de rampa en 16 aeropuertos del país comprende la transferencia de 3.050.000 acciones ordinarias, representativas de la totalidad del capital social de la firma.

De esta manera, la medida, enmarcada en la Ley 27.742 (Ley Bases), busca transferir el 100% de las acciones de titularidad del Estado al sector privado, sin reserva de participación estatal ni programas de propiedad participada para los empleados.

Intercargo fue creada en 1961 y brinda actualmente servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos del país. Sus clientes incluyen a la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en la Argentina, utilizando equipamiento propio o de Aerolíneas Argentinas.

El Gobierno justificó la privatización recordando que entre 2020 y 2023, la empresa estatal necesitó asistencia estatal por unos $6700 millones, para garantizar operaciones y estándares de calidad. Desde fines de 2024, el Ejecutivo dejó de subsidiarla, desreguló el servicio y avanzó en un plan de apertura a privados.

 

El llamado a la licitación pública para Intercargo

El procedimiento se enmarca en el Decreto 198/2025, que autorizó la privatización total de la compañía mediante la venta del paquete accionario estatal, y en la Ley 23.696, que regula los procesos de reforma del Estado.

Como parte del esquema, el Ministerio de Economía aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones y dispuso que todo el proceso se canalice a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde los interesados podrán acceder a la documentación y presentar sus ofertas.

El cronograma oficial fija como fecha límite para consultas el 27 de abril de 2026, mientras que la presentación de ofertas deberá realizarse hasta el 7 de mayo a las 9:30, con apertura ese mismo día a las 10. Además, la resolución crea una Comisión Evaluadora “ad hoc” integrada por funcionarios designados para analizar las propuestas.

Algo más a tener en cuenta de este proceso es que, antes de concretar la venta, el Estado deberá rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión vigente con Intercargo para la prestación exclusiva del servicio de rampa.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el esquema apunta a garantizar eficiencia en el uso de los recursos y promover la participación de operadores con experiencia en el sector, en línea con la política de reorganización de empresas públicas.

 

Los requisitos

Para garantizar la sostenibilidad de la operación, el pliego impone requisitos de solvencia y liquidez sumamente específicos que los oferentes deberán acreditar mediante sus estados contables al 31 de diciembre de 2025.

  • Ratios de solvencia y liquidez: los oferentes deben presentar un índice de solvencia (Activo Total/Pasivo Total) y de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) no inferior a 1,20.
  • Capacidad de pago: el precio ofrecido no podrá superar la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente del oferente.
  • Fondo de garantía operativa: se exige acreditar una liquidez inmediata de al menos $29.213.007.102, cifra destinada a garantizar el giro comercial de la empresa durante los primeros tres meses de gestión privada.

 

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