En una semana que se perfila como determinante para el sector minero y el activismo ambiental, el oficialismo decidió pisar el acelerador. Este martes, el plenario de las comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales recibirá a gobernadores y especialistas para emitir dictamen, con el objetivo firme de sesionar el miércoles y convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares.
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La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, llega al recinto en un clima de alta tensión política, marcado por los recientes escándalos patrimoniales que rodean al Ejecutivo y la resistencia de organizaciones civiles que ya anticipan una batalla legal en la Corte Suprema por "regresión ambiental".
El respaldo de las provincias mineras: Inversiones vs. Restricción
El corazón del reclamo a favor de la reforma reside en las provincias de la cordillera. Gobernadores como Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca) sostienen que la normativa vigente es "excesivamente restrictiva" y mantiene frenadas inversiones mineras por miles de millones de dólares.
Los puntos clave de la reforma:
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Criterio de Protección: La ley actual protege todos los glaciares y el ambiente periglacial. La nueva norma restringe la protección estricta solo a aquellos que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable” a una cuenca.
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Dominio Originario: Se otorga mayor injerencia a las provincias en la elaboración del inventario de glaciares, bajo el argumento constitucional de que los recursos naturales pertenecen a los estados provinciales.
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Seguridad Jurídica: El oficialismo y bloques aliados como el PRO sostienen que la modificación no baja el estándar ambiental, sino que "ordena y da claridad" para permitir el desarrollo productivo sin discrecionalidad técnica.
El mapa de votos: Un oficialismo robusto y un peronismo dividido
A pesar del ruido político por las denuncias contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios libertarios, los números en el recinto parecen sonreírle a La Libertad Avanza. La estrategia de fragmentar el voto opositor en provincias con intereses mineros dio frutos:
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Bloque Oficialista y PRO: Votarán unificados a favor del texto enviado por el Ejecutivo.
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UCR y Federales: El grueso del radicalismo y los bloques de Misiones, Salta y Tucumán acompañarán la medida.
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La fractura de Unión por la Patria: Al igual que sucedió en el Senado con Sergio Uñac y Lucía Corpacci, se espera que legisladores sanjuaninos y catamarqueños del peronismo se desmarquen de su bloque para apoyar la ley, priorizando las inversiones en sus distritos.
La "Batalla de los Tribunales": ¿Regresión Ambiental?
Para la oposición dura y las ONGs ambientalistas, la ley es inconstitucional. El argumento principal es que viola el principio de no regresión, ya que una norma ambiental no puede ofrecer menos protección que la que ya existía.
Los riesgos señalados por los especialistas:
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Debilitamiento de los "Presupuestos Mínimos": Sostienen que el Estado Nacional no puede delegar en las provincias la facultad de decidir qué se protege y qué no, ya que los glaciares son reservas estratégicas de agua que exceden las fronteras provinciales.
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Arbitrariedad Técnica: El concepto de "aporte hídrico relevante" es visto como una zona gris que permitiría autorizar proyectos mineros en áreas periglaciares que hoy están vedadas.
