El entramado de privilegios financieros en el Banco Nación continúa sumando protagonistas vinculados a la estructura de La Libertad Avanza en Córdoba. Recientemente se conoció que Carlos Andrés Bauzá, actual titular de la delegación de Anses en Córdoba e hijo del histórico dirigente menemista Eduardo Bauzá, figura como beneficiario de un crédito extraordinario por un monto de 22.906.000 pesos, otorgado en febrero de 2026.
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Bauzá no solo ocupa un cargo estratégico en el Estado, sino que mantiene una relación societaria directa con Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de diputados nacionales libertarios, en el estudio jurídico que gestiona, entre otros asuntos, la delegación local del PAMI.
Esto pone en tela de juicio el discurso libertario contra "la casta" y el acceso a financiamiento estatal que el resto de la población tiene vedado. El caso de Bauzá se suma al del diputado nacional Marcos Patiño Brizuela, también integrante del entorno de Bornoroni y ex titular del PAMI cordobés.
Patiño Brizuela recibió en agosto de 2025 un préstamo de 164 millones de pesos, una operación que el Banco Nación aún no pudo justificar administrativamente y que presenta irregularidades graves: según los registros del Banco Central (BCRA), el legislador se encuentra en situación crediticia negativa por deudas previas en el sistema financiero.
La Reglamentación 802 y el origen de los préstamos millonarios
Para comprender cómo estos funcionarios lograron acceder a montos tan elevados, es necesario remitirse a la modificación de la Reglamentación 802 realizada en septiembre de 2024. Bajo la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman, se incluyó una "aclaratoria" que permitía a los "cargos políticos designados por resolución o electivos" calificar para créditos hipotecarios con las tasas más bajas del mercado.
Esta normativa fue la llave que permitió que cerca de 40 funcionarios de alto rango, incluidos asesores del Ministerio de Economía, obtuvieran préstamos que promediaron los u$s250.000.
La existencia de este beneficio generó un fuerte rechazo social, especialmente al considerar que ocho de cada diez argentinos que solicitan un crédito hipotecario en la misma entidad son rechazados por falta de requisitos. Mientras la ciudadanía enfrenta barreras infranqueables para el acceso a la vivienda, los allegados al poder político lograron adjudicaciones millonarias destinadas, en varios casos, a la compra de segundas o terceras propiedades.
Ante la presión mediática y el malestar ciudadano, el Banco Nación finalmente eliminó este apartado el mes pasado para intentar contener el costo político del escándalo.
Silencio oficial y dudas sobre la solvencia financiera
A pesar de la gravedad de las denuncias, los protagonistas de este esquema en Córdoba —Bauzá, Patiño Brizuela y el propio Bornoroni— optaron por el silencio. No dieron explicaciones sobre cómo funcionarios con sueldos estatales declarados pueden afrontar cuotas que, en el mercado actual, se estiman en torno a los 4 millones de pesos mensuales.
La situación de Marcos Patiño Brizuela es particularmente delicada para la administración nacional, ya que su calificación negativa en el BCRA debería haber sido un impedimento absoluto para recibir cualquier tipo de asistencia crediticia del Estado. Sin embargo, la celeridad con la que se tramitaron estos expedientes sugiere que los controles administrativos habituales fueron flexibilizados para favorecer a los integrantes del armado político liderado por Karina Milei en el interior del país.
Por el momento, la eliminación de la figura de "cargos electivos" en la reglamentación busca desactivar la polémica de cara al futuro, pero no resuelve la situación de los créditos ya otorgados, los cuales permanecen vigentes bajo condiciones excepcionales.
El contraste entre el discurso de "odio al Estado" y el uso de sus herramientas financieras para beneficio personal de sus funcionarios sigue siendo el centro de un debate ético que promete seguir escalando en la agenda política nacional.
