Dirigentes del Polo Obrero, procesados por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, elevaron una denuncia ante la relatora especial de la ONU para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, acusando al gobierno nacional de llevar a cabo una persecución política en su contra.
En una extensa misiva de 34 páginas, los militantes del Polo Obrero exigen la intervención del organismo internacional, solicitando que se revise lo que consideran una causa judicial impulsada por el gobierno argentino, con la colaboración de la justicia local.
La denuncia destaca que esta acción forma parte de una contraofensiva político-judicial organizada por la organización y su equipo de abogados, agrupados en la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), tras la finalización de la feria judicial. En el marco de esta estrategia, los abogados también presentaron una causa penal contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acusándola de “falso testimonio y falsedad ideológica” en relación con su actuación en el caso, y pidieron su apartamiento como querellante. Además, apuntaron contra el fiscal Pollicita, exigiendo su recusación por haber filtrado a los medios los fundamentos de la elevación a juicio oral antes de que la causa fuera recibida por el juez.
La causa como parte de una estrategia represiva
El inicio de la causa es uno de los puntos clave que señalan los acusados en su misiva. En ella se argumenta que la acción judicial contra los militantes del Polo Obrero surgió como respuesta al intento del gobierno nacional de impedir la movilización programada para el 20 de diciembre de 2023, cuando distintas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se preparaban para protestar. Según los denunciantes, para impedir esa movilización, el gobierno implementó un “protocolo anti piquetes” que vulneraba el derecho a la huelga y la protesta en Argentina. Desde su perspectiva, el objetivo del gobierno era “desarticular el movimiento social” compuesto por desocupados y beneficiarios de programas sociales.
El escrito también recuerda que, el mismo 20 de diciembre, el gobierno lanzó una campaña bajo la consigna “el que corta no cobra” a través de la app Mi Argentina y la difusión de altoparlantes en estaciones terminales de trenes, buscando estigmatizar y sancionar las protestas sociales. Además, resalta que se implementó la Línea 134, originalmente destinada a denunciar delitos graves como el narcotráfico y la trata de personas, para incentivar denuncias anónimas contra las organizaciones sociales. Este canal de denuncias, afirman, fue utilizado para facilitar una campaña estatal contra las protestas sociales y las organizaciones piqueteras.
Irregularidades en el proceso judicial
Sin embargo, los denunciantes afirman que de las 13.000 denuncias anónimas anunciadas por el gobierno, solo tres fueron supuestamente confirmadas y utilizadas como base para el procesamiento de los dirigentes del Polo Obrero, cuyas identidades no fueron reveladas a la defensa. A pesar de la escasa evidencia, la justicia libró pedidos de allanamientos, indagatorias y procesamientos, incluyendo el agravante de defraudación a la administración pública.
Uno de los aspectos más críticos del proceso señalado en la denuncia es la “violación del derecho a la defensa” y las “violaciones sistemáticas de garantías procesales”. Los acusados denuncian que se les dio un plazo de solo doce días entre el acceso a la causa y las indagatorias, lo que les impidió preparar una defensa adecuada. Además, se quejan de que no se les permitió estar presentes en las declaraciones de los testigos reservados, cuyo testimonio no puede ser verificado debido a que sus identidades no fueron reveladas. Aseguran que esta figura, reservada en la Argentina para causas de narcotráfico o terrorismo, no tiene justificación en este caso, ya que no existen acusaciones de ese tipo.
El escrito también hace referencia a la negativa del juez a incorporar pruebas testimoniales y periciales presentadas por la defensa y critica la presión para obtener pruebas incriminatorias de las declaraciones de los propios acusados, sin presencia de sus abogados defensores. Ante estos abusos, los denunciantes alertan sobre la “condena prefijada” en su contra, señalando que tanto el juez como el fiscal han actuado de manera sistemática para vulnerar sus derechos.
Por todo ello, los acusados concluyen que, dada la inexistencia de recursos jurisdiccionales internos efectivos, la intervención de la relatora especial de la ONU es necesaria para garantizar la independencia judicial y proteger los derechos humanos de los militantes del Polo Obrero, quienes, según argumentan, se encuentran en un estado de indefensión ante el proceso judicial que enfrentan.
