La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, resolvió un expediente financiero que podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno argentino sobre el escándalo por la estafa $LIBRA.
En una resolución de 33 páginas, la magistrada rechazó la solicitud de cuatro fondos de inversión -Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited- que pretendían obtener documentación y testimonios en Estados Unidos para demostrar que el Estado argentino era el verdadero dueño de los activos generados por la criptomoneda $LIBRA.
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El revés para los fondos, sin embargo, vino acompañado de una afirmación de consecuencias impredecibles: según Rochon, "las pruebas podrían sugerir" que los ingresos del proyecto digital no pertenecen a la República Argentina, sino al presidente Javier Milei, su hermana Karina y el empresario Hayden Davis, impulsor del token.
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Los beneficiarios de la estafa $LIBRA podrían ser los hermanos Milei
Si bien la jueza consideró que los elementos presentados -artículos periodísticos, posteos en redes sociales y un presunto acuerdo preliminar entre el Gobierno y una plataforma de intercambio- no alcanzan para vincular los fondos de $LIBRA al Estado argentino, deslizó que los beneficiarios "podrían ser individuos privados", entre ellos el propio mandatario libertario.
De acuerdo con la información dada a conocer por el periodista Hugo Alconada Mon para el diario La Nación, el fallo, aunque desestima el reclamo de los acreedores, deja a la Casa Rosada frente a una incómoda paradoja: si la jueza sostiene que los activos no son del Estado, entonces reconoce implícitamente que podrían ser propiedad del Presidente o de su entorno. Rochon fue crítica con la estrategia de los fondos, a los que acusó de realizar una "excursión de pesca" judicial.
La jueza también señaló que, incluso si existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el entorno presidencial, los tribunales competentes serían los de Inglaterra y Argentina, no los de Estados Unidos. Por eso rechazó la solicitud amparándose en la sección 1782 del Código norteamericano, que regula la cooperación judicial internacional, y recordó que esa herramienta "no puede usarse para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas".
Los cuatro fondos demandantes son acreedores del default argentino de 2001 y habían obtenido en 2023 un fallo favorable de la Justicia británica, que ordenó al Estado argentino pagar más de 1.500 millones de euros. Ante el incumplimiento de ese pago, los grupos iniciaron una ofensiva global para rastrear activos embargables vinculados con el país. En ese contexto, en agosto pasado intentaron asociar al Estado con el token $LIBRA, lanzado en febrero por Hayden Davis.
Al rechazar la pretensión de los fondos internacionales, Rochon también mencionó un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que la difusión del proyecto por parte del Presidente debía considerarse una actividad personal, no oficial. Ese dictamen coincidía con la posición de la Casa Rosada, que niega cualquier rol de Milei o su hermana en la emisión o administración de $LIBRA.
El fallo de la jueza, sin embargo, dejó una definición incómoda para la Casa Rosada: si el proceder del Presidente fue de carácter personal y no institucional, la sospecha es que el esquema podría haber tenido a Milei como beneficiario privado o a personas cercanas a él, y no al Estado nacional.
