Familiares, asociaciones y profesionales del sector de discapacidad marchan frente al Ministerio de Salud en contra del ajuste, los recortes y la nueva ley impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que introduce cambios en la legislación vigente, al modificar el financiamiento de las prestaciones y eliminar derechos de trabajadores. A su vez, exigen que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, ratificada en distintas instancias del Poder Judicial.
La protesta busca sostener su reclamo contra la permanente vulneración de sus derechos desde hace dos años y visibilizar la nueva avanzada del gobierno libertario que pretende, con el argumento de "ir contra el fraude de pensiones mal otorgadas", destruir todo el sistema de protección social.
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“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, denunció el Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector.
Y sigue: “Mientras se pone en duda el acceso a derechos, el sector atraviesa: atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo. Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”.
Estuvo cortada parcialmente la circulación por la avenida 9 de Julio mano a Constitución y se vieron afectadas también Belgrano, Lima y Salta. Las encargas de llevar adelante el corte fueron las actrices y activistas Valentina Bassi y Lola Berthet.
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El rechazo a la nueva ley de emergencia en discapacidad impulsada por el Gobierno Nacional
Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, también cuestionó la iniciativa oficial: “Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude, pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad”, afirmó en diálogo con Urbana Play.
Goldman sostuvo además que el Gobierno “sigue insistiendo con el relato de las pensiones truchas”, aunque aseguró que no se presentaron pruebas concretas para justificar la reforma.
También advirtió sobre cambios en el nomenclador nacional, que fija el valor de las prestaciones brindadas por instituciones y asociaciones en todo el país.
“Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social”, señaló.
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Qué plantea la nueva Ley de Discapacidad impulsada por el Gobierno
La ley propuesta por el Gobierno Nacional propone el empadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por discapacidad. Los destinatarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Si no lo hacen, la pensión sería suspendida de forma automática. La norma contempla que "el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio".
Aunque cumplan ese paso, la información proporcionada será fiscalizada a partir de un cruce de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante casos dudosos, suspenderán igual la pensión de forma "preventiva". A su vez, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 la dejaría sin efecto y retrotraería la situación a meses atrás. El Gobierno ya no tendría la obligación de aplicarla y cumplirla.
En cuanto a los montos, ata su evolución al haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores. Con la ley todavía vigente, la actualización estaba atada al IPC y se realizaba de forma mensual.
De forma regresiva, el proyecto establece la "incompatibilidad absoluta" de las pensiones con cualquier trabajo formal o inscripción en regímenes laborales. Así que las personas con discapacidad que trabajen de forma registrada perderán su pensión. Además de eliminar los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.
Además, el texto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.
